A través de un habeas corpus que interpuso su abogado, Walter Ayala, el expresidente Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) instale un locutorio en el penal Barbadillo para sostener comunicación con sus padres, quienes se encuentran el interior del país, y su esposa e hijos, quienes consiguieron asilo político en México.
El recurso fue presentado contra el presidente del INPE, Javier Llaque Moya. Ayala considera que se está vulnerando derechos del vacado exmandatario; entre ellos, el derecho a la libertad individual y el derecho a la comunicación. El juez constitucional Jorge Luis Ramirez Niño de Guzmán ha admitido la demanda y ha iniciado una investigación sumaria al respecto.