Alejandro Toledo: ¿cuánto gastó el Estado en asesoría legal para extraditarlo al Perú?

La llegada del expresidente Alejandro Toledo tardó años y le costó millones de soles al Estado peruano. Desde que se le dictó los 18 meses de prisión preventiva en su contra, en febrero del 2017, el Gobierno tuvo que desplegar esfuerzos para extraditarlo al Perú, proceso que culminó el último domingo 23 de abril del 2023 con su internamiento en el penal de Barbadillo, recinto penitenciario —ubicado en el distrito de Ate— que también alberga a los exmandatarios Alberto Fujimori y Pedro Castillo Terrones.

Tras la huida de Alejandro Toledo a Estados Unidos, el Ministerio de Justicia, en ese momento encabezado por José Carlos Gastelu Herrera, durante el Gobierno de Martín Vizcarra, firmó un contrato con la firma Foley Hoag LLP, la cual tiene sede en Washington, para apoyar con asesoría legal al Estado peruano durante el proceso de extradición del exlíder de Perú Posible ante el país norteamericano.

Con fecha del 9 de enero del 2019, a través del Oficio N° 70-2019-JUS/CDJE, la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en virtud a lo solicitado por la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht, dispuso la contratación del servicio especializado en materia legal para la defensa jurídica del Estado peruano ante los Estados Unidos para los procesos de extradición del expresidente Alejandro Toledo, además de Mariella Huerta Minaya y Gustavo Salazar Delgado.

Para ello, se contrató a la firma Foley Hoag LLP, con un monto del contrato original de US$ 1.082.070. Este fue firmado el 13 de febrero de 2019. En la cláusula cuarta se especifica que el monto total se pagará en 24 armadas con dinero proveniente del Estado peruano. Hasta la fecha, el Gobierno habría desembolsado poco menos del 50% del monto total. Se debe tener en cuenta que este estudio también llevó los procesos de extradición de Mariella Huerta y Gustavo Salazar.

A inicios del 2021, la Procuraduría Publica Ad Hoc del caso Odebrecht solicitó la ampliación del plazo del contrato debido que este tenía como fecha prevista para su finalización el 12 de febrero del 2021. Esta ampliación no generó un incremento presupuestal.

Cabe recordar que Alejandro Toledo es investigado por los presuntos delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos por, de acuerdo a la tesis fiscal, haber recibido coimas de Odebrecht para favorecer a la empresa brasileña durante el proceso de licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.