El Tribunal Constitucional (TC) ha recibido una demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Marco Riveros. Se trata de un recurso que apunta a anular las investigaciones del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra Dina Boluarte en el caso Rolexgate.
"Que se declare nulo todos los actos de investigación por parte del fiscal de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte, debido a su falta de legitimidad, en tanto no puede ejercer el cargo de fiscal de la Nación por no haber cumplido con juramentar como exige la ley", dice el documento.
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La demanda, además, exige que "el fiscal de la Nación no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda" y que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Junta de Fiscales Supremos procuren, en el menor tiempo posible, el nombramiento de un nuevo titular del Ministerio Público (MP).
Cuestiona, en ese sentido, que un fiscal de la Nación interino esté a cargo de estas diligencias, cuando lo que corresponde es que exista un titular que haya previamente juramentado ante la presidenta de la República.
También argumenta que el titular del MP solo puede hacer diligencias contra un presidente en ejercicio del poder, luego que el Congreso lo haya autorizado. En ese sentido, critica que la casa de la mandataria Boluarte haya sido allanada en el caso Rolexgate.
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El habeas corpus que está en manos del Tribunal Constitucional no es la demanda competencial anunciada por el Ejecutivo. Este recurso se trata de uno individual, de parte del abogado Riveros.
Hace dos meses la mandataria Boluarte envió un oficio al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima, desautorizando el habeas corpus de Riveros. "No es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo", señaló el documento.
Sin embargo, este caso ha llegado hasta la máxima institución intérprete de la Carta Magna.
Y no se trata de una demanda competencial. El Ejecutivo anunció hace dos semanas que la iba a presentar para que el TC delimite hasta qué etapa puede ser investigada Boluarte mientras ejerce el cargo presidencial. Sin embargo, hasta la fecha, la Procuraduría formalmente aún no envía el documento.
El lunes 27 de mayo fue enviada al Congreso una denuncia constitucional de Villena contra Boluarte por el caso Rolexgate. En el Ejecutivo, el ministro de Justicia Eduardo Arana protestó e invocó entre líneas a sus aliados de los Pasos Perdidos a someter a un juicio político al fiscal de la Nación.
Dos días después el ciudadano John Carlos López Goicochea presentó una denuncia constitucional contra el fiscal Villena por presunta infracción constitucional al haber decidido acusar a Boluarte. Además, le imputa prevaricato. De esta manera, se abre la puerta a un juicio político contra el titular del Ministerio Público.