Tras una convocatoria con muy pobre difusión, la Defensoría del Pueblo anunció la noche del martes último la ampliación por un día del plazo para la inscripción al concurso de selección de los nuevos magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El proceso, de momento, evidencia serias deficiencias en términos de transparencia, según se desprende del reporte de la Misión Internacional de Observación (MIO), que se encuentra esta semana en Perú.
El argumento de la entidad defensorial para la ampliación del plazo fue que hubo “inconvenientes de conectividad producidos por la empresa proveedora de fibra óptica”, lo cual impactó por el lapso de una hora en la operatividad del sitio web del concurso el día martes.
En el comunicado, la Defensoría del Pueblo informa que la ampliación del plazo fue por acuerdo de la comisión especial, aunque no detalla en qué momento y cómo sesionaron. Junto con el defensor, este grupo de trabajo está conformado por los titulares de la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y rectores de una universidad pública y otra privada.
El martes al cierre del día, La República solicitó al área de prensa de la Defensoría información sobre el número de postulantes inscritos. Este miércoles insistimos con este requerimiento pero la respuesta de momento fue negativa.
Si bien el plazo de inscripción para el concurso inició el 22 de julio, la gestión del defensor Josué Gutiérrez tuvo un pésimo desempeño en términos de difusión de la convocatoria. (De hecho, mayor notoriedad tuvo en la agenda pública la polémica demanda de inconstitucionalidad que presentó contra la Ley de Prescripción de Dominio).
Desde la sociedad civil se ha impulsado la Misión Internacional de Observación (MIO Perú) para el presente concurso de la JNJ. Precisamente esta semana se encuentran en Lima sus integrantes, todos profesionales del derecho de reconocida trayectoria: Edison Lanza (Uruguay), Thelma Aldana (Guatemala) y Stephen McFarland (Estados Unidos). Junto con ellos participa Jaime Arellano (Chile), quien tiene a su cargo la secretaría ejecutiva del grupo de trabajo.
La misión esta mañana un encuentro con periodistas peruanos y, según explicaron, una de las principales tareas será vigilar el cumplimiento de los “estándares internacionales de independencia judicial, transparencia y acceso a la información”.
De hecho, los especialistas advirtieron que el reglamento y las bases del concurso no fueron sometidos a consulta de la ciudadanía, lo cual, según apuntaron, representa una pérdida de oportunidad para efectuar importantes mejoras.
Los expertos también informaron que la comisión especial presidida por Josué Gutiérrez ha decidido no trasmitir sus sesiones. Otra advertencia es que no se publicaría el íntegro de las carpetas de los postulantes, con lo cual se limitaría la vigilancia por parte de la ciudadanía.
Otro aspecto que deja duda en el presente concurso, según la misión internacional, es la ausencia de un protocolo que además debe ser difundido para la etapa de las entrevistas con los postulantes.