La decisión del Concejo Metropolitano de Lima de cambiar el nombre del parque de la Cultura por el del exalcalde fallecido Luis Castañeda Lossio, quien fue investigado por las autoridades de la Fiscalía de la Nación por el caso Odebrecht, trajo sus primeros detractores. El Partido Aprista Peruano —a través de una carta— dirigida al alcalde Rafael López Aliaga emitió una protesta e invocó a que se retroceda con esta disposición.
El motivo es que en el parque de la Cultura se encuentra ubicado un busto de Luis Alberto Sánchez, quien fue un escritor, abogado, historiador, periodista, crítico literario, traductor, político y miembro histórico del APRA. Por ello, consideran que nombrar Luis Castañeda Lossio representa un agravio a la memoria de este personaje.
“Solicitamos se corrija este agravio a la figura inmortal del maestro Luis Alberto Sánchez. Creemos que la falta de información lo han llevado a cometer este error con un hombre que prestigia al Perú y que encarna la cultura en su máxima expresión”, se lee en la carta publicada por Infobae.
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En este sentido, el Apra le recuerda a Rafael López Aliaga que durante el Gobierno del fallecido expresidente Alan García Pérez se donó el terreno para la construcción del parque: “Sepa usted, señor alcalde, que el espacio donde actualmente se construyó el ‘Parque de la Cultura’, donde se encuentra el busto del maestro Luis Alberto Sánchez, fue un terreno del Banco de la Nación, que fue donado en el Gobierno que lideró el expresidente Alan García para que se construyera un espacio en homenaje a Luis Alberto Sánchez”.
Se tomó conocimiento del cambio de nombre del parque tras la publicación de la ordenanza en el diario El Peruano: "(Se decide) aprobar la modificación de la nomenclatura del Parque de la Cultura, por la denominación: Parque Óscar Luis Castañeda Lossio, el cual tiene el carácter de área de recreación pública, ubicada en el distrito de Cercado de Lima".
Finalmente, el exburgomaestre de Lima —hasta en tres periodos— fue acusado de los presuntos delitos de colusión, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en el marco de las indagaciones en contra de OAS y Odebrecht, empresas a las que habría favorecido en obras y licitaciones.
Foto: Rodrigo Talavera/La Repúblaica