José Ugaz: "La JNJ está cumpliendo con su facultad y un deber que es esclarecer cualquier duda"
Exprocurador califica como un "exceso" las críticas de Patricia Benavides a la pesquisa preliminar abierta en su contra.
La reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia de abrirle una investigación preliminar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es analizada por el exprocurador, José Ugaz. Señala que es potestad y deber de la JNJ esclarecer “cualquier duda”. Sobre el gobierno, afirma que es prematuro hablar de un régimen autoritario.
—La Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Se entiende que es por el tema de las remociones de los fiscales que investigaban el caso de los Cuellos Blancos. ¿Le parece una decisión pertinente?
—La JNJ tiene entre sus atribuciones realizar investigaciones que pudieran afectar a altos funcionarios del sistema. Segundo, hay una noticia sobre una presunta intervención de la señora fiscal para beneficiar a determinados investigados en el caso de los Cuellos Blancos. Ante eso, la JNJ tiene la facultad y el deber de iniciar las averiguaciones preliminares para confirmar o descartar esas versiones. Esto no implica ningún tipo de responsabilidad, es una pesquisa preliminar. Por eso, la reacción de la fiscal frente a la decisión de la JNJ no ha sido la más adecuada.
—A eso iba. Benavides ha dicho que abrirle una investigación “a todas luces ilegal” sólo puede ser un acto de amedrentamiento” por pedir prisión preventiva contra Pedro Castillo. ¿La JNJ tiene interés en proteger a Castillo?
—Lo que está clarísimo es que la JNJ está lejos de sospecha de un acto de esa naturaleza. Es un ente técnico que ha venido trabajando con transparencia y buenos resultados, diría yo. Insinuar que la decisión de abrir investigación estaría motivada por una defensa al señor Pedro Castillo parece un exceso. Quisiera interpretar que la fiscal ha sobre reaccionado porque se siente en una situación de ataque por decisiones que ha tomado. La JNJ está cumpliendo con su facultad y un deber que es esclarecer cualquier duda. La fiscal dice que sus decisiones han obedecido más a ordenar el trabajo de la Fiscalía.
—Ha dicho que no hubo desbaratamiento del equipo de fiscales de los Cuellos Blancos sino que lo reforzó. ¿Coincide?
—No conozco el detalle. Sé que el Ministerio Público a raíz de esta fiscal de la nación ha iniciado un proceso de cambios.
—Pero entiendo que la remoción de fiscales no puede ser discrecional. Tiene que haber una motivación.
—Precisamente, si la fiscal de la nación acredita que ha habido razones de personal, o administrativas o racionalidad de distribución de la fuerza de trabajo dentro de la Fiscalía, desaparece cualquier sospecha sobre las decisiones que ella haya tomado.
—¿No le preocupa lo ocurrido en el caso de Emma Benavides, hermana de la fiscal?
—Cualquier cuestionamiento sobre parcialidad de un alto funcionario del Estado debe ser investigado. No me preocupa el rumor, me preocupa si se confirma o no. Tengo entendido que ese hecho no ha sido materia de investigación por la JNJ, lo que significa que no se han encontrado elementos suficientes. Patricia Benavides ha sostenido una razón institucional.
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—Pasemos a otro tema. ¿El gobierno de Dina Boluarte ofrece señales autoritarias?
—Es una situación excepcional. Hubo mucho desorden en el inicio, los que asumieron la posta no estaban preparados porque todo fue muy veloz, intempestivo. Hablar de un gobierno de corte autoritario a estas alturas me parece prematuro. Hay signos que deben ser materia de explicación. Por ejemplo, la presidenta Boluarte, en su discurso inicial, sostuvo enfáticamente que no iba a permitir ningún espacio de corrupción, pero vemos que en los últimos días ocurren nombramientos -en el IPD, en la Sunedu- que de alguna manera cuentan con la aquiescencia del gobierno. Eso debe ser explicado y, de ser cierto, corregido. Un régimen autoritario es el que no respeta las reglas básicas de una democracia...
—Pero 48 muertos por impacto de proyectiles no es algo propio de una democracia.
—48 muertos y muchos más pueden ocurrir en muchas democracias. No necesariamente uno tiene que reaccionar y decir que como ha habido estas muertes estamos frente a un gobierno genocida, como absurdamente han sostenido.
—No he dicho genocida. He hablado de los 48 muertos. Los videos los hemos visto todos.
—Déjeme explicar mi respuesta. Estoy diciendo que, así como usted sostiene que esas muertes son el reflejo automático de un gobierno autoritario, hay quienes sostienen que son el de un gobierno genocida. Queda claro que esa imputación es absurda.
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—Lo del genocidio.
—¿Qué se sabe? Hay evidencia de que hay elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía responsables de muertes de decenas de personas. Están los proyectiles, los videos. ¿Es posible sostener de manera enfática que es atribuible a una decisión del gobierno? En estos momentos no hay elementos suficientes para llegar a esa conclusión. En esas investigaciones por homicidio -que es lo que son- se debe debatir si hay o no responsabilidad por omisión, hasta qué punto hubo o no instrucción en ese sentido, o si hubo intención de encubrir.
—¿Cree que haya elecciones adelantadas, finalmente?
—La situación se ha complejizado mucho. Por un lado, el gobierno, creo que equivocadamente, piensa que esto se ha resuelto y que eso le daría espacio y oxígeno para no tener ningún apuro, pese a que ha invocado al Congreso a que adelante las elecciones. Y lo que está claro es que los congresistas no se quieren ir. Hay un entrampamiento que solo se podrá resolver con dos circunstancias: o Dina Boluarte renuncia -y ya dijo que no lo va a hacer- o el Congreso cambia de actitud. Si la negativa del Parlamento se sostiene pensando que este problema se resolvió tendremos nuevas expresiones de presión pública. Como siempre le pasa a este Congreso, tiene que verse contra la pared para recién tomar las decisiones que corresponden. En ese caso, ojalá, que no surjan nuevos brotes de violencia que cuesten vidas a este país que ya bastante sangre ha puesto por delante en esta crisis.
—Quizás la salida sea un referéndum.
—Las fórmulas que contiene la Constitución están ahí, pero son engorrosas y no es lo ideal. Ahí están las encuestas que dan cuenta del altísimo porcentaje de la población que espera un cambio de gobierno y que espera que se produzca a través de un adelanto de elecciones. Si los legisladores no quieren entender lo que la población está pidiendo y esgrime argumentos tan formalistas como absurdos del tipo “a nosotros nos eligieron por cinco años y vamos a quedarnos”, ellos serán los responsables de lo que pueda derivarse de esta situación. O tendrán que reconsiderar.
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—¿Procederá la extradición de Alejandro Toledo, finalmente?
—Estoy convencido de que esta extradición va a proceder. El gobierno de los Estados Unidos ya en la parte política solo tiene que esperar a que se agoten las últimas opciones judiciales en su fase terminal. La justicia estadounidense ha sido clarísima en el sentido de que existe evidencia suficiente de que Alejandro Toledo cometió los delitos, que no es un perseguido político y que la solicitud tiene fundamento legal. Pero, claro, existen procedimientos adicionales como los hábeas corpus que un sistema garantista como el de Estados Unidos tienen que agotarse. La experiencia de otros casos -como los de Manrique o Aybar Marca- nos han enseñado que toman su tiempo y al final se concretan. Deben pasar pocas semanas para que la entrega se produzca y veamos a Toledo sentado ante la justicia en el Perú.
—De los casos relacionados con Lava Jato, el de él es el más avanzado.
—Es el caso más consolidado por la cantidad de pruebas que existen y que no admiten ninguna duda de cómo ocurrieron los hechos. El único que cuestiona la realidad es Alejandro Toledo. Los otros casos son mucho más complejos, que involucran a muchas más personas y la Fiscalía, en algunos de ellos, ha actuado excesivamente alargando plazos y pidiendo pruebas cuando ya tenía suficientes elementos para avanzar. No se puede comparar el caso de Toledo, donde está la declaración de Maiman, donde están las cuentas, con un caso de infraestructura en donde han intervenido diez compañías, hay 40 a 60 investigados. Eso, evidentemente, toma una dinámica distinta y más compleja.
—También están los casos de aportes de campaña. Por ejemplo, los que involucran a Humala o a Fujimori. ¿Qué piensa de eso?
—No tengo ninguna duda que aportes de campaña que tengan origen ilegal constituyen delito de lavado. El aporte de campaña en sí mismo no es delictivo, porque además cuando se produjeron esos dos casos que usted menciona no existía la ley que establecía la ley de financiamiento ilegal. Pero el delito de lavado de activos sí existe hace mucho tiempo y lo que se tiene que acreditar es que el dinero recibido provenía de un origen ilegal y que quien lo recibió o lo sabía o lo podía presumir, no necesariamente tenía que tener un conocimiento pleno.
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—¿Y cree que los fiscales pueden probarlo?
—Los fiscales cuentan con una serie de elementos -sobre todo en los casos en donde se ha usado testaferros, se ha empleado el “pitufeo” y el dinero ha sido entregado en efectivo en circunstancias completamente sospechosas- de que, cuando menos, los receptores podían presumir que el origen no era regular.
