La República tuvo acceso a las actas de registro personal e incautación elaboradas por la Policía a las personas que detuvieron el sábado 21 de enero pasado en la Universidad Nacional de San Marcos, donde pernoctaban manifestantes de diversas regiones del país que llegaron para pedir la renuncia de Dina Boluarte y nuevas elecciones generales.
En los registros de los 193 detenidos se señala que dieron negativo para armas, municiones y drogas. Y precisan que tenían documentos de identidad, dinero, tarjetas de bancos y celulares.
Tal es el caso de Rolando Huamán Carhuapoma, un docente de 42 años, que provino de la comunidad campesina de Acoria, en Huancavelica, junto a una delegación de dicha localidad. En el acta figura que no tenía armas ni municiones, tampoco drogas o insumos, ni joyas ni alhajas. Hallaron en su poder una billetera con nueve soles; una tarjeta del Banco de la Nación, otra de Caja Cusco, así como de la Financiera Confianza. Se menciona que tenía su tarjeta de identificación vehicular, licencia de conducir y un celular.
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Los casos son bastante similares, diferenciándose por la cantidad de dinero o si portaban más de un celular. Por ejemplo, en el acta de Néstor Quispe Huanca, de ocupación obrero, indican que tenía 420 soles y dos celulares, uno de Movistar y otro de Claro. Mientras que al estudiante universitario Luis Gustavo Turpo Coaquira, de 20 años, le incautaron un celular negro y una billetera con sesenta soles. Ambos llegaron a Lima de Arequipa para participar en las protestas.
Esto no difirió de los manifestantes que integraron la delegación de Ilave, Puno. Entre las personas retiradas de San Marcos estaba Juan Carlos Flores Chambilla, de 31 años. Le incautaron 58 soles y un teléfono celular y una fotocopia de su DNI. El acta da cuenta que adicionalmente tenía una bolsa con su ropa y útiles de aseo. De la misma localidad, fue intervenido Edwin Ruelas Zurita, de 44 años. Como los demás, dio negativo para armas o municiones, así como para drogas. Además, llevaba 633 soles y dos celulares.
Las demás actas son bastante parecidas, por lo que, al no hallar ninguna evidencia de delito, 192 de los detenidos fueron liberados la noche siguiente. Uno se quedó por tener una requisitoria previa.
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La Fiscalía señaló que continuarían las investigaciones por la denuncia que hizo la Universidad sobre el robo de equipos de seguridad y agresiones al personal durante el alojamiento de manifestantes en su campus, lo que fue usado como pretexto para el ingreso de un contingente policial al centro de estudios.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, explicó que las actas demuestran que no se ha encontrado ninguna evidencia que vincule a los manifestantes que estuvieron en San Marcos con el delito de hurto agravado ni con el terrorismo.
"A ninguno se le ha encontrado panfletos subversivos, armas de fuego, cuchillos. Nada de eso. Ellos han dado sus manifestaciones y han declarado que llegaron a Lima para participar en las protestas. Solo uno tenía requisitoria, los demás eran estudiantes y muchos han venido de provincias, de Arequipa, Puno, Ayacucho y otros lugares, para ejercer su derecho a la protesta social", precisó.
Añadió que por ese motivo debe archivarse la investigación, ya que no se ha encontrado ninguna prueba de que habrían cometido el delito de usurpación ni el delito de hurto agravado, como sindicaron. Quispe indicó que en este momento los manifestantes que fueron detenidos están en investigación preliminar. "Lo que la Policía quería ver es si estaban involucrados en el robo que denunció la decana, y como han venido para la protesta, saber si tenían vinculación con el terrorismo. Y no han encontrada nada de eso", dijo.
Agregó que se cometieron varias irregularidades durante el operativo y la detención, como la ausencia de fiscales al inicio, no permitir el ingreso inmediato de abogados, no les informaron de qué estaban siendo acusados e incluso las actas de incautación in situ no las hicieron en la universidad, sino en las dependencias policiales. Quispe acotó que la Policía ha devuelto el dinero y documentos de identidad incautados, pero no los teléfonos.
Advirtió que en ese caso no ha habido una debida cadena de custodia al no haber el estado el fiscal en el momento ni haber participado en la colocación de los celulares en sobres lacrados.