El director de la Policía Nacional, general Jorge Flores Goicochea, dispuso la formación de un equipo especial para determinar la responsabilidad de los altos mandos en el caso del prestamista Luis Francis Ramírez. Aceptaron miles de resoluciones fraudulentas de juzgados de paz de provincias.Orden de arriba.,Doris Aguirre No tuvieron piedad con sus propios compañeros de institución PUEDES VER: Once jueces de paz involucrados en mafia de prestamista Francis El 29 de mayo del 2014, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) comunicó al director de la División de Producción de Planillas de la Policía Nacional, el coronel PNP Luis Valdivia Araujo, que los juzgados de paz no están facultados para emitir resoluciones extrajudiciales ni las que provienen de los centros de conciliación para descuentos a policías. El CEPJ alertó a la Policía Nacional que había detectado que jueces de paz, especialmente de provincias, emitían masivamente mandatos de pago a terceros sin que existieran de por medio sentencias. Sin embargo, el coronel Luis Valdivia Araujo pasó por alto la disposición del Poder Judicial y continuó ejecutando las resoluciones de los jueces de paz que beneficiaban a la red de compañías del prestamista Luis Francis Ramírez y afectaban a más de 3 mil efectivos policiales de todo el país. Efectivamente, los descuentos continuaron hasta febrero de este año, según comprobó La República con una copia de la planilla a la que tuvo acceso. Un año después de que el Poder Judicial advirtió sobre la mafia de jueces de paz, la División de Producción de Planillas de la Policía Nacional descontó más de un millón de soles a efectivos policiales por concepto de pago de deuda a favor de las empresas Francis Cash Inversiones EIRL, Soluciones EIRL, G&S Asesoría y Servicios Integral, IM Servicios SAC, FC Servicios y Cobranzas, Inversiones Melody EIRL, todas de propiedad del ex policía Luis Francis Ramírez. Su hijo y abogado defensor, Carlos Francis Baza, también aparece como beneficiario de los descuentos de febrero de este año. NO LES IMPORTÓ NADA En el 2014, cuando el suboficial PNP Daniel Falcón Gómez descubrió que en junio de ese año le comenzaron a descontar por una deuda inexistente de 9 mil 900 soles se dirigió al entonces director ejecutivo de Personal de la Policía Nacional, general PNP Walker Rocha Hidalgo. Falcón le explicó que los cobros se hacían en cumplimiento de fraudulentas resoluciones de los juzgados de paz de Santa María (Huaura, Lima), y de Moho (Puno). Las empresas favorecidas eran G&S Asesoría y Servicios Integrales e IM Servicios SAC, de propiedad del ex policía Luis Francis Ramírez. "Ya, suboficial Falcón. Vamos a revisar su caso", le dijo el general Rocha al suboficial Falcón. Pero nunca hizo nada. Solo cuando Falcón pasó al retiro en abril del 2014, recién entonces se detuvieron los descuentos ilegales. Pero a Rocha y a otros les llegó la hora. El director de la Policía Nacional, general Jorge Flores Goicochea, ha dispuesto que el Tribunal Administrativo Disciplinario y la Inspectoría General investiguen a los involucrados con la red de Francis. Entre ellos se encuentran los ex directores ejecutivos de Personal, los generales Miguel Villanueva Benavides y Walker Rocha Hidalgo, y también el director ejecutivo en funciones, general Víctor Carrera Quintanilla. Además de su jefe inmediato superior, el director ejecutivo de Gestión Institucional de la PNP, general José Céspedes Aguirre. Todos deben responder por qué descontaron los haberes de 3 mil policías en beneficio de las empresas del prestamista Luis Francis sin comprobar la autenticidad de las resoluciones de los juzgados de paz de provincias. "¿Usted sabía que a miles de policías se les descontaba sus ingresos con resoluciones fraudulentas de juzgados de paz de provincias?", preguntamos al director ejecutivo de Personal de la Policía Nacional, general Víctor Carrera Quintanilla. "Bueno, yo recién estoy a cargo de este despacho desde el 7 de enero de este año. Y nosotros, como institución policial, acatamos las órdenes judiciales. Si no lo hacemos, somos pasibles de ser denunciados", respondió. "De acuerdo, pero nos referimos a mandatos judiciales emitidos por juzgados de paz que ni siquiera notificaron a los policías afectados por los descuentos", le indicamos. "Nosotros solo acatamos las órdenes judiciales. Nosotros no vemos si una orden judicial es verdadera o falsa", contestó el general Víctor Carrera. "¿Usted no sabía que el beneficiario de esas resoluciones judiciales fraudulentas era el ex policía, y conocido prestamista, Luis Francis Ramírez, varias veces denunciado ante la División de Estafas de la PNP?", le insistimos. "No, no sabíamos, porque los descuentos judiciales vienen a nombre de empresas, no como personas naturales", manifestó. DICEN QUE NADA SABÍAN El general Walker Rocha, ex director ejecutivo de Personal, también justificó los cobros indebidos a los 3 mil policías bajo el argumento de que no sabía que las resoluciones de los juzgados de paz eran ilegales. "Yo desconocía que había resoluciones judiciales fraudulentas. Recién me enteré cuando la División de Estafas me citó para declarar en setiembre del 2014. Yo de inmediato pedí un informe al jefe de la División de Planillas, coronel Luis Valdivia Araujo, quien me dijo que nunca había recibido alguna queja por parte de la policía. Por eso pedí que relevaran de su puesto al coronel Luis Valdivia, así como del jefe del Departamento de Asignaciones Judiciales, mayor César Román Meneses", explicó el general Walker Rocha. A pesar de los cambios, los descuentos continuaron. El mayor Francisco Rivadeneyra Gilvonio, quien reemplazó a César Román en la jefatura del Departamento de Asignaciones, señaló que al asumir funciones tampoco estaba enterado de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial había advertido de que varios juzgados de paz emitían resoluciones fraudulentas para descontar a los policías y favorecer a empresas de Luis Francis Ramírez. "Yo no sabía que los juzgados de paz no pueden disponer los descuentos de los haberes de los efectivos. Tampoco sabía que el dinero descontado era en beneficio de las empresas del señor Luis Francis. Yo solo cumplía con acatar lo que dicen las resoluciones. No podemos cuestionarlas", alegó el mayor Francisco Rivadeneyra. El director de la Policía Nacional, general Jorge Flores Goicochea, informó a La República que ha dispuesto que se forme un equipo especial cuyo objetivo es identificar a todos los oficiales relacionados con el caso, incluidos los de alta graduación, para deslindar responsabilidades. "No vamos a permitir que continúe esta práctica ilegal de descontar a los policías mediante resoluciones judiciales falsas para favorecer a terceros. Sea general o suboficial, será sancionado ejemplarmente", señaló. SOLO HAY DOS POLICÍAS DENUNCIADOS POR EL CASO El coronel PNP Luis Valdivia Araujo, ex jefe de la División de Producción de Planillas, y el mayor PNP César Román Meneses, ex jefe del Departamento de Asignaciones Judiciales, son los únicos denunciados ante la 7ª Fiscalía Penal Provincial de Lima por haber descontado ilegalmente los sueldos de los policías para beneficio de las empresas de Luis Francis Ramírez. A Valdivia y Román se les atribuye únicamente el delito de abuso de autoridad. En su descargo, el coronel Luis Valdivia afirmó que la responsabilidad por los descuentos ilegales corresponde al mayor César Román, ex jefe del Departamento de Asignaciones Judiciales. Sin embargo, Román se limitó a recibir órdenes de sus superiores, entre ellos el coronel Valdivia. Incluso mostró los memorandos en los que se consignan las disposiciones que recibió. Cuando la policía le preguntó si las demandas judiciales que recibía eran verificadas, César Román respondió que no lo hizo porque los documentos eran originales. También reveló que solo en un año recibió un promedio de 7,019 demandas de los juzgados de paz para descontar a los policías. "Solo en tres ocasiones los policías se quejaron por los descuentos, hicieron gestiones pero no prosperaron", dijo Román. Denuncie su caso a: investigaciones@glr.pe
