‘Chuponeo’. Tribunal Constitucional advierte que resolvería demanda en 8 meses. Presidente del PJ, Javier Villa Stein, responde que impasse no le preocupa porque para cuando se resuelva, la jueza Martínez habrá terminado indagación. César Romero y Marco Sánchez. La contienda de competencia que el Congreso pretende plantear contra el Poder Judicial para acceder a las pruebas de la investigación del espionaje telefónico, terminaría por dar a la jueza María Martínez el tiempo que necesita para concluir su investigación y mantener la reserva del caso. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan Vergara Gotelli, señaló que esta institución tardaría hasta ocho meses para emitir una sentencia, lo que superaría largamente el tiempo que tiene la Comisión Luizar para investigar. Por esto, Vergara invocó al Poder Judicial y al Congreso a conciliar sus diferencias sobre el caso Business Track. “Si se presenta la demanda de conflicto de competencia, el TC demoraría una semana en admitirla y la estaría resolviendo en ocho meses, aproximadamente”, dijo. Despreocupado Por esto mismo, desde Rusia, el titular de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, afirmó que “no le preocupa” si se presenta dicha demanda. Anotó que el Congreso terminaría perjudicándose porque entonces la jueza ya no tendría que entregarles nada hasta que el TC resuelva. “La hipótesis se está desarmando, porque si interviene el TC ya carecería de objeto pronunciarnos en un sentido o en otro porque habría que esperar que el tema sea resuelto por ese tribunal”, opinó. Agregó que después, cuando salga el fallo, ya no habría objeto de que la jueza se pronuncie, porque para entonces el caso ya se habría resuelto a nivel judicial. Ante esta situación, el congresista Oswaldo Luizar, presidente de la Comisión Investigadora del Espionaje Telefónico, indicó que pedirán al TC que el caso se resuelva en el plazo máximo de 60 días. Termina en enero “De acuerdo al Código de Procedimientos Constitucionales, el TC tiene 60 días hábiles para resolver, si se ponen en los plazos máximos. No son cuatro meses. Además, pasa por una voluntad política y por definir la prioridad del tema de fondo”, anotó Luizar. El legislador agregó que su comisión finalizará sus labores antes del plazo fijado por el Pleno, el cual se cumple en enero. “El PJ convirtió un proceso sumario en ordinario, eso significa que el Congreso y el país no conocerán ese material ni los elementos posibles de alta corrupción. Además, no interferimos en el fuero de la juez, solo pedimos el material para ratificar indicios”, señaló. Igualmente, Luizar desmintió parte de la carta en la que la jueza Martínez señala a la comisión que autorizó la lectura del expediente, pero ningún congresista se abocó. “El propio presidente del PJ reconoció que yo fui al despacho (de la jueza Martínez) decenas de veces y también personal de la comisión para acceder, y nos comunicaron que estaban visualizando, que no se podía ver. No nos permitieron ver el expediente ni el tema de fondo, el material incautado”, anotó. La comisión insistirá hoy ante la OCMA que investigue por qué la jueza no les entrega información. Postergan aprobar la demanda La Comisión Investigadora del Espionaje Telefónico no pudo ayer revisar y ponerse de acuerdo en el texto de la demanda de contienda de competencia que presentará al TC contra el Poder Judicial porque los congresistas Rolando Souza y Walter Menchola se encuentran fuera del país. El texto de la demanda debe ser luego aprobado por la Mesa Directiva. El congresista Oswaldo Luizar indicó que la comisión volverá a reunirse el próximo lunes 26 de octubre para poner el visto bueno a la demanda. Esta demanda planteará al TC que defina si una comisión investigadora puede solicitar ver las pruebas de un proceso judicial en trámite. La jueza María Martínez ha dicho que la ley la ampara a mantener la reserva de esa pruebas, aun frente a una investigación del Congreso.
