Ultimátum. En carta al Congreso ratifica que entregará información “en su oportunidad”. Pese a ello, la comisión investigadora del Congreso se reunirá hoy a las 3 pm para aprobar la demanda de competencia que presentará ante el TC. César Romero y Marco Sánchez. A pesar del ultimátum del Congreso, la jueza María Martínez anunció que mantendrá la reserva de la investigación a los directivos de la empresa Business Track (BTR). Además acusó a la comisión Luizar de interferir en “su función jurisdiccional” y pretender obligarla a precipitar el levantamiento de la reserva de un acto procesal. Martínez hizo estas precisiones en una carta que, el 19 de octubre último, remitió al presidente de la Comisión Investigadora de las Interceptaciones Telefónicas, Oswaldo Luizar. La misiva de la magistrada fue hecha pública mediante nota de prensa de la Oficina de Imagen y Prensa de la Corte Suprema de Justicia. La jueza aclara en dicho documento que no se trata de no querer entregar ninguna información al Congreso, sino de preservar el debido proceso, por lo que en su oportunidad entregará a los congresistas la información que se le solicite. Al respecto, indica que “con ánimo de colaboración entre poderes del Estado se autorizó a vuestra comisión (Luizar) la lectura del expediente, sin que hasta la fecha se haya apersonado ningún comisionado con dicho fin”. Igualmente, la magistrada recuerda que en la investigación judicial participa un representante del Ministerio Público y el procurador público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “La verdad no puede ser obtenida a cualquier precio a riesgo de perderla. Difundir sospechas, opiniones subjetivas en los medios de comunicación solo entorpece la administración de justicia. (…) No se trata de una competencia para saber si el Poder Judicial o el Congreso descubren los hechos primero, sino cómo conducir un proceso regular”, enfatizó la magistrada. Apoyo de la fiscalía Antes del comunicado, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, respaldó la potestad de la jueza de mantener la reserva del proceso y solo remitir la información cuando esta etapa termine. “Ella es la que decide bien o mal. Ella decide, y hay que respetar su decisión. Consideramos que si se encuentra algo que pueda ser de utilidad al Congreso, ese algo sin necesidad que lo pidan lo hará llegar. Si se pide todo, allí ya viene una complicación, es un problema de hacer precisiones, de decirle a la jueza qué se necesita”, explicó Echaíz. Anotó que la jueza ha anunciado a la fiscalía que les remitirá el expediente para que actúen de acuerdo con sus atribuciones y, si es el caso, formalicen nuevas denuncias, amplíen los cargos o incluyan nuevas víctimas, al haberse encontrado indicios de otros actos ilícitos. El traslado del expediente a la fiscalía fue dispuesto el 6 de octubre, pero hasta el momento no se cumple porque el expediente debe ser foliado. Se calcula que recién el lunes o viernes se cumpliría esta medida. De otro lado, la fiscal de la Nación confirmó que el martes 13 se realizó en Palacio de Gobierno una reunión de principales autoridades políticas y del sector jurídico, pero no se tocaron temas puntuales. “Se ha conversado y hecho un llamado a la reflexión, en el tratamiento de problemas interinstitucionales”, acotó. Luizar: El PJ se lava las manos ”La jueza nos ha enviado una carta en la que prácticamente dice que le pidamos la información al Ministerio Público porque ella no la tiene. Afirma que nos entregará la información, pero no dice cuándo”, indicó Luizar. Luizar anotó que el Poder Judicial “se sigue lavando las manos” y que frente a ello hoy a las 3 de la tarde se aprobará la demanda por conflicto de competencias que se presentará al Tribunal Constitucional. Al respecto, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, opinó que el TC tendrá que definir la competencia que se plantee entre el PJ y el Congreso, pero no sobre el trabajo de la jueza María Martínez. El TC no podría obligarla a entregar la información.
