Congreso. Comisión espera entrega inmediata de material de ‘chuponeo’. Conflicto entre poderes se agudiza pese a la invocación del TC. Grupo utilizará dos resoluciones de la jueza María Martínez para acusarla. El Congreso esperará esta semana a que el Poder Judicial entregue los audios y archivos electrónicos sobre la investigación a Business Track (BTR), antes de denunciar a la juez María Martínez. Con ello se agudiza el conflicto entre ambos poderes, por encima del pedido del Tribunal Constitucional para resolver las diferencias. Según Walter Menchola, miembro de la comisión que investiga la interceptación telefónica, “esperaremos esta semana el ofrecimiento de Javier Villa Stein (presidente del Poder Judicial)”. De no producirse la entrega, dijo, la siguiente semana la comisión derivará al Consejo Directivo toda la información del caso, el cual sustentará una eventual demanda penal contra María Martínez, magistrada provisional. Este legajo incluirá dos resoluciones de Martínez enviadas a la comisión: la primera del 23 de abril de este año, donde señala que sí entregará la información; y la segunda del 17 de julio, donde establece la negativa. “Esta contradicción no tiene sentido y nunca hubo una explicación formal del Poder Judicial. Por ello la comisión envió una queja a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma)”, señaló el legislador al justificar la investigación del Órgano de Control de la Magistratura a Martínez. El Congreso –según Menchola y Cayo Galindo– debería denunciarla penalmente y elevar un recurso al Tribunal Constitucional. “El PJ debe entregar el material en custodia vinculado a las responsabilidades políticas, no penales. Ahí están vinculados ex ministros y miembros de la alta magistratura”, explicó el nacionalista Galindo, también miembro del grupo. Sin comunicación Por su parte, Oswaldo Luizar, titular del grupo, dijo que el Poder Judicial no les informa las razones de la reserva del proceso. “Hasta ahora no ha dado a la comisión los argumentos para declarar la reserva... Cuando nos tenían que entregar (el material), anularon la resolución contra todo proceso normativo porque las nulidades se dan en instancias superiores y a petición de parte”, dijo a una emisora. “Una cosa es la reserva y otra el secreto” El presidente del Congreso, Luis Alva Castro, dijo que el presidente de la Corte Suprema debería facilitar la entrega de los videos y correos que todavía están en poder de los jueces que han sido solicitados por una comisión investigadora. “Lo más importante ahora es la transparencia, que se sepa la verdad y nosotros sabremos respetar la reserva de los procesos. Pero no podemos admitir el secreto. Una cosa es la reserva y otra el secreto. Esto debe conocerlo el país”, dijo. La segunda resolución de la jueza adujo que entregar el material a la comisión que el 31 de octubre cumplirá un año de labor, podría atentar contra honras e intimidades. Según Luizar, el grupo ha respetado la reserva hasta ahora. Invocó que se cumplan los artículos 97 y 139 de la Constitución que facultan a las comisiones investigadoras del Congreso acceder a información judicial.
