Rocío Calderón, amiga de Nadie Heredia, confesó durante el juicio oral al expresidente Ollanta Humala que abrió una cuenta bancaria a pedido de la ex primera dama, Nadie Heredia, con el objetivo de recibir los aportes para sus campañas presidenciales con el Partido Nacionalista, en el contexto de la creación del partido en el año 2005.
Rocío Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia, reveló que su colaboración se limitó a facilitar la apertura de una cuenta bancaria para recibir aportes destinados al proyecto político de su esposo, Ollanta Humala. En su declaración, enfatizó que no fue informada sobre la naturaleza de los fondos ni su origen extranjero.
"A mí Nadine me solicitó depositar en mi cuenta bancaria algunos pedidos de aportantes para la formación del Partido Nacionalista. Esto tenía razón en la antigua relación de amistad que teníamos y el vínculo de confianza", dijo durante la audiencia.
En ese sentido sostuvo que para evitar una confusión de sus temas personales y estos aportes sobre los cuales no tenía dudas porque entendía que esta relación de confianza implicaba un marco de licitud y validez del proyecto político en el que se estaban embarcando decidió aperturar una cuenta en el Banco de Crédito. En esa cuenta se realizaron 3 depósitos, confesó.
La amiga de la ex primera dama fue trabajadora de la empresa brasileña OAS entre los años 2009 y 2010, donde ganaba US$10.000 mensuales. Calderón trabajó en paralelo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores en aquel tiempo.
Calderón aseguró que su papel se restringió a la creación de la cuenta y al depósito de los recursos. La amiga de Heredia destacó que, en ningún momento, se le comunicó que los aportes provenían del extranjero.
"Debo señalar que aún verificando los estados de cuenta para mí era imposible determinar quién era el depositante, en el extracto o detalle de las transferencias señalan unas abreviaturas. Todas las partes que están dentro de este proceso de investigación han tomado de conocimiento quien era la empresa aportante a través de un informe de inteligencia financiera, donde se determinó que el aportante era la empresa Caixamac", agregó.
La amiga de la ex primera dama es una abogada graduada de la Universidad de Lima, la misma institución que Heredia, y se ha especializado en contrataciones del Estado y derecho administrativo. Tiene experiencia laboral en el sector público, donde trabajó como asesora legal en el Seguro Social de Salud, la ONP, el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente en el Congreso, desde 2002 hasta 2011.
Calderón y Heredia actualmente ya no mantienen ningún vínculo de amistad. Foto: composiciónLR/difusión
Cuando Humala asumió la presidencia, Calderón formó parte del consejo directivo del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y, en agosto de 2011, ganó un concurso público convocado por la oficina presidencial, en el que no tuvo competencia, para desempeñarse en la Dirección General de Bienestar y Acción Social. Posteriormente, fue nombrada asesora legal del Despacho Presidencial, recibiendo un salario de S/15.200.
Según la investigación del fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato, la amiga de Nadine Heredia emitió 21 recibos de honorarios falsos a la constructora OAS, sumando un total de US$180 mil, distribuidos en pagos de US$9.000 mensuales. Esta cantidad está relacionada con las anotaciones que Heredia hizo en sus agendas.
En 2023, el Poder Judicial aceptó la solicitud para levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del expresidente Ollanta Humala, de su esposa Nadine Heredia y de otros implicados en una investigación por presunta colusión en el marco de la construcción del Centro de Convenciones de Lima.
La investigación señala que la expareja presidencial, junto con exministros y exfuncionarios de su administración, habría favorecido a la constructora brasileña OAS en el proyecto de "Instalación de un Centro de Convenciones en Lima", generando un perjuicio económico al Estado estimado en S/ 140.966.792.
El 5 de marzo de 2014, la constructora brasileña OAS fue designada para llevar a cabo el proyecto del Centro de Convenciones de Lima durante la administración del presidente Ollanta Humala. Este contrato se estableció tras un proceso de selección que concluyó en menos de cuatro meses, un tiempo considerablemente breve en comparación con los plazos habituales de las obras públicas.
A diferencia de los procedimientos tradicionales, el Ministerio de Vivienda, entonces bajo la dirección de René Cornejo, no firmó directamente el contrato para ejecutar el proyecto. En cambio, optó por un enfoque alternativo, realizando un primer acuerdo preliminar en julio de 2013 y consolidando los términos en noviembre del mismo año con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Este convenio establecía que la OIM se encargaría de contratar a la empresa constructora y de gestionar los recursos destinados al proyecto, delegando así la administración de la obra a un organismo internacional.