Fallo histórico. La directora de Promsex, Susana Chávez, se pronunció sobre el informe que emitió el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 30 de octubre donde informaron que "la política de esterilizaciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori violó los derechos humanos de las mujeres". En ese sentido, Chávez ratificó lo mencionado en dicho informe y resaltó que "el Estado no ha reparado a ninguna de las víctimas".
"Estos casos se han reportado, básicamente, en zonas rurales, estamos hablando de mujeres muy pobres, en condiciones muy difíciles y, lo que sabemos, es que estas mujeres siguen siendo tan pobres o más pobres de lo que eran cuando fueron esterilizadas y para ellas no ha habido justicia. La no atención está generando un daño irreparable", expresó.
En ese sentido, la titular de Promsex hizo hincapié en la labor que debe realizarse para que dichas esterilizaciones forzadas no se vuelvan a cometer. "Hay que recordar que cuando un país no sana sus heridas, tiene muchísimas posibilidades de volver cometer estos mismos abusos".
Por otro lado, la directora se refirió a la imagen del Perú a nivel internacional a vísperas de realizarse el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), y mencionó que "nosotros vamos a tener la reunión de APEC. Cuando tenemos una sentencia de estas características nos ponemos en el ojo del mundo, y nos colocamos en el ojo del mundo, lamentablemente, como un país que incumple sus obligaciones".
Cabe resaltar que, según el informe emitido del Comité de la ONU, más de 300.000 mujeres, principalmente indígenas y rurales fueron esterilizadas a la fuerza en comparación con aproximadamente 25.000 hombres. En consecuencia, el Comité recomendó que el Estado debe indemnizar financieramente a las personas denunciantes y a sus familiares por los daños a su salud física y psicológica, además de brindarle asistencia profesional mental a los perjudicados.
El pasado miércoles 30 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó a través de un comunicado que las esterilizaciones forzadas durante la dictadora de Alberto Fujimori a más de 300.000 mujeres y 25.000 hombres "constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional".
"La política de esterilización forzada, implementada en Perú durante los años 1990s constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas, concluyó el Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU", según se lee en su comunicado en su pagina oficial.
Asimismo, el Comité mencionó que "Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas de la esterilizaciones forzadas". Es decir, a las personas que fueron víctimas no se les indemnizó económicamente ni tampoco se investigó sobre estos abusos. Además, agregó que las esterilizaciones forzadas pueden constituir un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma.
Informe de la ONU donde informa sobre el caso de esterilizaciones forzadas.