El actual ministro de Justicia, Eduardo Melchor Arana Ysa, trabajó en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), del 2002 al 2008. Esta información no aparece consignada en su hoja de vida como ministro de Estado.
Hay una ligera mención a este dato en una hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones, cuando postuló como regidor en el distrito de San Isidro por el partido Alianza para el Progreso de César Acuña, el año 2018.
El 2008, dejó el CNM para desempeñarse como jefe del gabinete de asesores del ex juez supremo Javier Villa Stein, en su gestión como presidente del Poder Judicial entre el 2009 al 2011.
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De acuerdo con fuentes del desaparecido CNM, consultadas por La República, en esa entidad Arana Ysa ejerció como secretario técnico de la comisión de selección y nombramiento de jueces y fiscales.
Un puesto clave que le habría permitido vincularse con la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que podría ser gravitante en los siguientes días de concretarse el golpe que el Congreso de la República prepara contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la entidad que reemplazó al CNM.
Arana Ysa laboraba en el CNM cuando Benavides logró ser trasladada del distrito judicial de Ica a Lima, sin una debida motivación legal o aparente, un hecho del que La República informó en su edición del 7 de mayo del año 2004 y que Benavides nunca ha negado.
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El hoy desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura nombró a Benavides como fiscal titular de Ica el 22 de mayo del 2002, pero casi no ejerció funciones en esa localidad. El 4 de julio del 2002, la entonces fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, la traslada al distrito fiscal de Lima, a cargo de la 40° Fiscalía Penal de Lima.
Por esa misma época, su madre Enma Vargas era congresista de la República por Unidad Nacional y su hermana, Enma Benavides, se desempeñaba como jueza penal titular del 11° Juzgado Penal de Lima.
Un año y medio después de ser trasladada a Lima, el 9 de enero del 2004, Patricia Benavides solicitó al CNM que se le expida nuevo título como fiscal titular de Lima, para lo que no había justificación legal.
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Sin embargo, en sesión del 12 de febrero del 2004, casi a un mes de haber presentado su solicitud, por mayoría de 4 votos contra 3, el CNM accede a expedirle nuevo titulo como fiscal provincial titular de Lima, puesto para el que nunca postuló.
Los consejeros que votaron a su favor, Luis Flores Paredes, Ricardo la Hoz, Jorge Lozada Stambury (exsenador aprista), y Daniel Caballero solo consideraron que si el Ministerio Público la había trasladado a Lima, también se le debería expedir nuevo titulo de fiscal titular.
En contra, los consejeros Teófilo Idrogo, Jorge Angulo Ibérico y Fermín Chunga Chávez consideraron que la única manera en que podía obtener título como fiscal de Lima es que se presentara a un nuevo concurso y alcanzara alguna de las vacantes.
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Además, que el traslado realizado por Nelly Calderón no era definitivo. “Ninguna resolución de traslado de un distrito a otro genera derecho a los jueces y fiscales a solicitar al CNM la expedición de nuevo titulo, por cuanto los nombramientos son por concurso de selección y nombramiento”.
Chunga Chávez consideró que, en todo caso, debió ser la fiscal de la Nación la que debió comunicar el traslado y pedir la expedición de un nuevo título.
Luego de 10 años de este episodio, Benavides, ya entonces como fiscal suprema adjunta, nuevamente logró que el CNM la nombrara fiscal suprema adjunta titular adscrita a la Fiscalía de la Nación. Un cargo que ningún otro fiscal ha tenido y, probablemente, nunca nadie vuelva a tener en la historia del Ministerio Público.
Actualmente, la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides aparece enfrentada a la Junta Nacional de Justicia, la institución que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura tras el escándalo de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Patricia Benavides acusa a la JNJ de estar politizada en sus decisiones a pesar de que fueron los mismos integrantes de esta entidad la que la nombró fiscal suprema titular y de forma indirecta posibilitó su elección como fiscal de la Nación, en junio del 2022.
La votación terminó 4 a 3. El voto en minoría consideró que no tenía derecho a ser trasladada a Lima.