
Organizaciones de la sociedad civil peruana remitieron una extensa carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dando cuenta de las irregularidades cometidas por el Congreso en el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), el mismo que incumpliría con los estándares internacionales de transparencia y el principio del debido proceso.
“Solicitamos respetuosamente a la Honorable Comisión, que emita un pronunciamiento público manifestando su preocupación por las irregularidades denunciadas en torno a este importante proceso de selección”, expresan las organizaciones en la carta remitida el lunes 9, a propósito del deficiente trabajo de la Comisión Especial que encabeza Acción Popular.
El documento es firmado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC), el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos.
Las organizaciones piden a la CIDH que solicite al Estado peruano “información sobre la forma en que el proceso de selección garantiza el cumplimiento de los estándares interamericanos de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana y respeto del principio de igualdad y no discriminación”.
Y es que desde la etapa de formulación del reglamento del concurso para el TC, la Comisión Especial del Congreso, que preside Rolando Ruiz (Acción Popular), incumplió con el principio de transparencia y participación ciudadana, debido a que abrieron una etapa para recoger sugerencias pero al final no las tomaron en cuenta.
Las organizaciones alertan que solo hubo una “simulación” de participación ciudadana y la comisión que preside Rolando Ruiz ni siquiera explicó las razones de aceptación o rechazo de las sugerencias planteadas para el reglamento.
Por otro lado, piden a la CIDH que solicite al Estado peruano “información sobre la forma en que la Comisión Especial (...) garantizará las garantías del debido proceso”.
En este caso, La República denunció en su momento que la Comisión Especial aprobó la lista de postulantes aptos y excluidos sin tener las carpetas de los candidatos a la mano para una correcta evaluación. Solo se basaron en un resumen elaborado por un equipo técnico.
Esta situación generó irregularidades, como la exclusión de un postulante supuestamente por no tener el título profesional inscrito en la Sunedu, pero el título sí estaba registrado, tal como advertimos en pleno proceso.
Las organizaciones civiles subrayan que, con respecto a los postulantes excluidos, la Comisión Especial del Congreso también vulneró el derecho fundamental de ser oídos o presentar un recurso para la revisión de sus casos. Además, algunos fueron excluidos por incumplir requisitos que no estaban contemplados en el reglamento. Por otro ello, se estaría afectando el derecho de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad.
Esta es la carta remitida a la CIDH:





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