¿”Existen” las leyes pro crimen?, por César Azabache Caracciolo

Llama la atención que esta cuestión esté siendo planteada en términos de "existencia". Las ocho u once leyes en debate —la cuenta varía si incluimos las de DDHH— han sido promulgadas, por ende, existen. La cuestión a discutir es si llamarlas "pro crimen" se justifica, porque quienes las defienden, básicamente quienes defienden la producción legislativa del Congreso anterior, pretenden que son leyes "pro derechos".

 Creo que la clave está en notar a quiénes pertenecen esos derechos. Más que derechos, encuentro que protegen en realidad intereses muy particulares. La clave para identificarlos está en encontrar el contexto que explica cada ley. Ese contexto no siempre es coetáneo a ellas. Algunas de estas leyes se redactaron para resolver problemas presentes, pero se muestran clausurando un pasado inmediato.

 La ley que con mayor rigor describe la cuestión de los intereses propios y presentes es la ley Soto, la 31751, sobre la suspensión de la prescripción. El señor Soto, que fue presidente del Congreso, se cuenta entre los promotores de una ley que le permitió cerrar un caso propio en cuanto fue promulgada; un caso por el que podría haber sido condenado. Los recortes al procedimiento de extinción de dominio son fáciles de asociar con el caso de Los Dinámicos del Centro, que afectó el patrimonio de la familia Cerrón. La prohibición de incluir partidos en la lista de organizaciones criminales ha sido usada expresamente a su favor por la familia Cerrón. Pudo beneficiar en su momento a todas las organizaciones políticas que enfrentaban casos por uso de fondos de Odebrecht, pero esa es una lista que se desmoronó después por una ruta distinta, la del Tribunal Constitucional. Las limitaciones a los procedimientos de colaboración eficaz remiten al caso Valkiria, uno de cuyos componentes, el vinculado a los congresistas que habrían canjeado favores con la fiscalía, dependía fuertemente de las revelaciones de Jaime Villanueva.

Hay entonces situaciones concretas que explican estas leyes como leyes escritas a favor de intereses particulares. Pero además el paquete incluye leyes capaces de generar efectos colaterales que los autores de estas leyes no notaron o no quisieron notar que podrían causar.

 La ley que mejor muestra el descuido con que se aprobaron estas leyes fue la 32181, que prohibió a los jueces emitir órdenes de detención preliminar. Esta ley remite en su contenido a los debates sobre el caso del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, detenido en mayo de 2024 por una orden de aquellas que el Congreso quiso prohibir. Una vez publicada, la ley provocó casi inmediatamente diez liberaciones en un caso sobre organizaciones violentas al norte de Lima, Las Hienas Verdes de Huaura. La ley no fue aprobada pensando en Las Hienas, por supuesto. Al menos eso espero. Pero causó esas liberaciones inmediatamente. Ante el escándalo, el Congreso intentó derogarla. Pero el gobierno de la señora Boluarte se opuso (¿por qué?). La ley tuvo que promulgarse por insistencia del Congreso en marzo de 2025.

 Muy cerca de este ejemplo está la ley sobre organizaciones criminales. Los procedimientos diseñados contra estas organizaciones habían sido usados en el caso Valkiria, estaban siendo usados en los casos Boluarte, aún en formación, y, esto es verdad, tenían un uso extenso no siempre justificado. El Congreso quiso recortarlos a su manera y provocó la movilización sin precedentes de los transportistas, porque, sin notarlo o sin querer admitirlo, sacó la extorsión de su alcance. La ley tuvo que ser modificada, pero la última versión sigue dejando fuera a las organizaciones dedicadas al tráfico de influencias. En noviembre de 2024 la Corte Suprema aplicó esta ley bajo protesta en uno de los casos Orellana, aunque, claro, la ley no se escribió para el clan Orellana.

 Ninguna de estas leyes partió de una propuesta fundamentada que la sostenga tal como fue aprobada. Por eso resulta útil asociarlas a lo que representan en contextos específicos, presentes o recientes. A la ley que impuso a los abogados de la defensa o a los de oficio en los allanamientos precede el allanamiento de la casa de la señora Boluarte; al recorte del plazo de escuchas telefónicas a 60 días con una sola prórroga, el caso de Los Cuellos Blancos, que se originó en escuchas prolongadas. A la ley contra las prisiones preventivas, la más visible por sus efectos colaterales, precedía, ya lo hemos anotado, el caso de Nicanor Boluarte.

Estas leyes, cargadas de intereses individuales y efectos colaterales no controlados, mostraron algo más: la intención del Congreso anterior de convertirse en un tribunal, de entrometerse sin limitaciones en asuntos que estaban fuera de su competencia y que debieron ser resueltos de otra manera.

 Cada una de estas leyes está escrita sobre un área sumamente compleja, todas cargadas de problemas por resolver. Al concentrarse en proteger intereses particulares y al carecer de fundamentos, estas leyes no han resuelto esos problemas. Al contrario, los han complicado aún más. La ley Soto ya está siendo activamente revisada por los tribunales. Todas las demás deben Pero nada impide derogarla como nada impide derogar las demás. La vía institucional para resolver los problemas que los defensores de estas leyes han alegado como pretexto supone establecer directrices fiscales y acuerdos jurisdiccionales que corrijan procedimientos y reorienten un sistema que, esto es cierto, se extravía demasiadas veces. No sirve provocar, como el Congreso anterior ha provocado, intervenciones orientadas a favorecer intereses particulares.

 Descalificar esas leyes, asociarlas con las consecuencias que crearon, tiene un propósito: evitar que ese ciclo se repita. Mantenerlas vigentes o intactas equivale a exponer al país a nuevos efectos colaterales sin siquiera notarlo.