La autonomía del JNE está en juego

Hay un hilo que conecta los episodios de López Aliaga con el sistema electoral peruano y que conviene seguir desde el principio. El 12 de abril, durante la primera vuelta, se produjeron problemas logísticos reales en Lima Metropolitana. El 13% de las mesas no pudo instalarse a tiempo y más de 63,000 votantes no pudieron ejercer su voto ese día. La ONPE y el JNE pidieron disculpas y extendieron la jornada hasta el lunes. Ninguna organización internacional, ni la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ni Transparencia Electoral, encontró pruebas de fraude sistémico. Lo que sí encontraron fueron errores logísticos que no alteraron la voluntad popular y cuya investigación sigue pendiente.

El problema de fondo es que López Aliaga convirtió esos errores puntuales en el argumento central de una pantomima. Denunció fraude sin presentar pruebas, ofreció S/20,000 por información de irregularidades, exigió la detención del jefe de la ONPE y amenazó con desaparecer tanto a la ONPE como al JNE.

Semanas más tarde, cuando fue proclamado senador electo, anunció que no asumiría el cargo porque hacerlo implicaría avalar ese supuesto fraude. Esa misma lógica, la de no juramentar como forma de protesta, es la que Renovación Popular presentó ante el JNE para argumentar que su inscripción como regidor de Lima debía ser habilitada.

El lunes, el JNE le dio la razón y lo hizo sin publicar los argumentos que sostienen esa decisión, que deberían conocerse cuanto antes.

La misma institución que López Aliaga atacó, amenazó y acusó de fraude durante semanas es la que ahora lo habilita para postular a un cargo municipal y lo hace sin explicar por qué revirtió el criterio del JEE de Lima Centro, que había establecido que la condición de senador electo genera efectos jurídicos independientemente de la voluntad de no juramentar.

Que el máximo organismo electoral permita que su sede y su presidente sean el telón de fondo de un mitin es otra forma de decir lo mismo. La autonomía institucional no se mide solo en la resistencia a las presiones directas sino también en la coherencia jurídica de sus decisiones y en la distancia que mantiene frente al poder político de turno. Esta semana el JNE dio razones para preguntarse si esa distancia todavía existe. Y esto último es otra señal que perfora la tan dañada democracia en el Perú.