La segunda vuelta y la crisis de legitimidad de la representación

Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

El ballottage, de origen francés, comenzó a utilizarse en el Segundo Imperio de Napoleón III (1852) y se consolidó con la Constitución de la V República de 1958. Como lo advertía Hauriou en su Derecho constitucional e instituciones políticas (Ariel, 1980), sin un umbral mínimo de adhesión popular, la representación degenera en una ficción: el representante habla en nombre del pueblo, pero el pueblo no lo reconoce como su auténtico representante. Duverger, por su parte, sostenía que la segunda vuelta presidencial, trasplantada a sistemas con representación proporcional, refuerza la legitimidad del Ejecutivo, pero a costa de debilitar al Legislativo, que resulta fragmentado de manera indefectible. Quizá por ello, en Francia la segunda vuelta se aplica tanto a las elecciones presidenciales como a las legislativas y regionales.

Para la Asamblea Nacional francesa, un candidato que recibe mayoría absoluta de votos válidos y un total superior al 25% del electorado registrado es elegido en primera vuelta. Si nadie alcanza ese umbral, se celebra una segunda vuelta entre todos los candidatos que hayan obtenido más del 12,5% de los electores registrados, o los dos más votados, si ninguno lo alcanza. El candidato que obtiene más votos en la segunda vuelta resulta elegido.

Como ocurre con otras instituciones del derecho comparado, el ballottage francés se ha expandido de manera parcial. Numerosos países han adoptado la segunda vuelta, pero únicamente para la elección del presidente, dejando de lado esa misma exigencia cuando se trata de las cámaras legislativas. El argumento es simple: la segunda vuelta garantiza que el presidente cuente con una mayoría de votos suficiente para gobernar con legitimidad de origen. Lo que se olvida es que esa misma preocupación debería aplicarse, incluso con mayor razón, a los parlamentos: el poder de la representación, por excelencia.

La segunda vuelta no premia al más votado: consagra al menos rechazado. Y el ganador llega al poder sin margen de maniobra, en un presidencialismo disfuncional dominado por mayorías parlamentarias.

En el caso peruano, un dato revelador recorre la historia de las segundas vueltas presidenciales: ganar en primera vuelta no garantiza el mismo resultado en la segunda. En 2006, Humala encabezó la primera ronda con el 30,6% y la perdió frente a García, que había obtenido solo el 24,3%. En 2016, Keiko Fujimori rozó el 40%, pero fue derrotada por Kuczynski con un margen mínimo: 50,12% contra 49,88%. La segunda vuelta no premia al más votado; consagra al menos rechazado. Y el ganador de ese balotaje, especialmente en contextos de creciente fragmentación política, llega al poder sin margen de maniobra y debe negociar todo con los grupos que se instalan en el Congreso. Esa dinámica ha convertido el modelo presidencial —al que se supone que la segunda vuelta debe fortalecer— en una forma de presidencialismo disfuncional, dominado por las mayorías parlamentarias y estructuralmente incapaz de producir estabilidad.

¿Y si extendemos la segunda vuelta también al Congreso?

Las elecciones del 12 de abril de 2026 restauraron la bicameralidad en el Perú por primera vez desde 1993. Se trata de una reforma discutible: aunque cuenta con respaldo académico, fue rechazada por amplia mayoría en referéndum. A ello deben sumarse ahora los resultados electorales, que muestran que la legitimidad del Senado y la Cámara de Diputados sigue siendo estructuralmente débil y que el sistema requiere una corrección urgente.

Las cifras son elocuentes. En el Senado, una buena cantidad de senadores han sido elegidos en las regiones sin alcanzar ni el 2% del padrón electoral respectivo. En el caso de Amazonas, el senador elegido alcanza solo el 1,11% del padrón, porque Juntos por el Perú, que en esa región obtuvo más de 82.000 votos de ventaja en la elección presidencial, no presentó candidato al Senado regional y dejó el escaño vacante por negligencia de la agrupación política que claramente tenía la preferencia del electorado. Un senador que llega al Parlamento por el vacío dejado por su principal rival no representa al electorado: en cualquier caso, representa la negligencia de su contrincante. No es un caso aislado: ninguno de los cinco senadores menos votados del nuevo Congreso supera el 1,69% del electorado hábil de su circunscripción.

En la Cámara de Diputados, el déficit es igualmente dramático: Ana Luisa Yuffra Lugo (Loreto, FP) fue elegida con 890 votos, el 0,11% del padrón loretano; Mery Infantes Castañeda (Amazonas, FP), con 1.181; y María Candelaria Ramos Rosales (Tumbes, FP), con 1.006. Ninguno de los 10 diputados menos votados del nuevo Congreso supera los 3.000 votos.

Frente a este panorama, resultaría razonable extender la segunda vuelta a las elecciones parlamentarias. En primera vuelta, solo resultarían electos quienes hubieran obtenido al menos el 20% del electorado habilitado para votar en su circunscripción. De no alcanzarse ese umbral, los dos candidatos más votados disputarían una segunda vuelta. En todo caso, al menos un tercio del Senado y de la Cámara de Diputados podría quedar reservado para esa segunda ronda. Por esta vía, no solo la legitimidad del presidente podría reforzarse de cara a la ciudadanía. Al mismo tiempo, la estabilidad política de su gobierno también podría asegurarse, en la medida en que quien gane en segunda vuelta podría arrastrar votos de respaldo también al Congreso.

La historia peruana de las segundas vueltas presidenciales es, en buena medida, la historia de elecciones en las que los ciudadanos no eligieron al mejor candidato, sino que descartaron al peor. Un presidente elegido por descarte carga desde el primer día con un déficit de legitimidad que ningún porcentaje puede compensar.

La restauración del Senado en 2026, sin haber corregido previamente el sistema electoral ni la estructura de las circunscripciones, agrava el problema de fondo. Un Senado con respaldos ciudadanos que no alcanzan al 2% difícilmente puede llamarse representativo de alguna circunscripción. Antes que resolver el problema, la segunda cámara puede profundizar la crisis que hoy se percibe. Como enseñaba Hauriou, la legitimidad de la representación no es una ficción que pueda validarse invocando alguna norma del sistema electoral: requiere votos concretos y reales. Si aceptamos ese principio para elegir presidentes, no hay razón coherente para negarlo al elegir legisladores.