Soras sigue esperando justicia
42 años después, los familiares de la masacre cometida por los terroristas de Sendero Luminoso aún esperan por sus desaparecidos.
El 16 de julio de 1984, un grupo de entre 30 y 40 senderistas disfrazados de policías y militares secuestraron el bus Expreso Cabanino en la localidad de Sontococha, en Ayacucho, y durante el resto de la noche recorrieron siete caseríos asesinando a sus habitantes con piedras, machetes y armas de fuego.
Cuando el bus llegó al final de su ruta, en el pueblo de Soras, 117 personas habían sido asesinadas. Era la mayor masacre que Sendero Luminoso cometería en toda su historia de terror, planificada por Abimael Guzmán y ejecutada por Víctor Quispe Palomino, alias camarada José, quien décadas después seguiría operando en el VRAEM como líder de los remanentes senderistas.
Lo que hace a Soras especialmente doloroso es el motivo de la masacre. Las comunidades de la cuenca del río Chicha no eran aliadas del senderismo sino todo lo contrario. A finales de 1983, 25 comunidades campesinas de las provincias de Sucre y Lucanas habían formado una alianza para resistir la opresión terrorista senderista, y Soras fue uno de los primeros distritos en oponerse a su ideología. La represalia fue la masacre. Sendero Luminoso mató a quienes se atrevieron a resistirlo, usando como arma el mismo bus que debía llevarlos a casa.
Cuarenta y dos años después, el caso sigue en la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho bajo el expediente 192-2007 y sin sentencia condenatoria. Las familias de las 117 víctimas llevan cuatro décadas esperando que el Estado peruano complete lo que inició. Muchos de los 39 cuerpos identificados y devueltos a sus familias pudieron tener un entierro digno gracias al trabajo del Equipo Forense Especializado, pero más de medio centenar de víctimas siguen sin ser ubicadas.
Por ello, la memoria de Soras exige una sola cosa: que el Estado que tardó cuatro décadas en avanzar hacia la justicia no se detenga ahora. Y para que ello suceda, debe existir el compromiso del gobierno entrante en mantener las acciones de búsqueda de desaparecidos como política estatal.