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Opinión

La crisis por no atender el Niño Costero se aproxima

El mar peruano enfrenta las temperaturas más altas desde 1983 y ningún candidato tiene una propuesta.

Editorial
Editorial

El meteorólogo Abraham Levy documentó ayer en sus redes sociales las anomalías de temperatura del mar ya cubren Ica y avanzan hacia el norte de Arequipa. Las temperaturas mínimas de Lima y Callao superan todos los eventos análogos de El Niño Costero registrados, con una sola excepción: 1983, el evento más destructivo del siglo pasado en el Perú. Esta debería ser una señal de primer orden que el debate electoral de esta segunda vuelta tendría que buscar atender.

Según una advertencia de la Cámara de Comercio de Lima (2026), a comienzos del año, las pérdidas económicas potenciales por un Niño Costero de mediana intensidad podrían superar los 291 millones de soles diarios en, al menos, siete regiones.

La única institución del Estado que ya ha advertido estas consecuencias es el Banco Central de Reserva el cual ajustó sus proyecciones de crecimiento del sector pesca para 2026, de + 2% positivo a -6,6%.

Por lo tanto, es evidente que el país atraviesa todavía el periodo de impactos térmicos, que según el proceso de estos fenómenos que son conocidos en el Perú es la fase previa a las lluvias. Esto es tangible ante el hecho de que sectores como pesca y agricultura ya enfrentan alteraciones por la falta de variabilidad estacional.

En ese sentido, es inaceptable que ni el gobierno del pacto corrupto ni ninguno de los candidatos en la campaña presidencial toman cartas en el asunto sobre todo esto. Ambos contendores políticos deberían dar una respuesta concreta sobre cuál será la gestión del riesgo climático. Serán los pescadores de Ica, los agricultores de Piura, los trabajadores de las cadenas logísticas de la costa norte, y en general, las familias peruanas que sufrirán en primera mano esta, hasta ahora, dejadez.

El gobierno que asuma en las próximas semanas recibe una emergencia climática en curso. Atenderla con preparación y con la aplicación de gestión pública eficiente es la primera obligación del próximo presidente. El país tiene derecho a saberlo pronto y, para ello, requiere esa conversación antes de votar.

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