Las mayorías en la segunda vuelta

Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

Estamos a un mes de las elecciones del 12 de abril y no tenemos resultados oficiales definitivos. Aunque la batalla por el segundo lugar parecía escalar, a la fecha, la mayoría de los líderes de las agrupaciones políticas que participaron en el proceso electoral ha aceptado los resultados y también ha reconocido que, pese a las graves deficiencias logísticas presentadas, sobre todo en Lima, no se ha podido establecer ningún indicio de fraude o manipulación de los resultados. Esta es también la conclusión de los observadores internacionales.

Pero el problema de la primera vuelta no han sido solo las graves deficiencias logísticas. En palabras del entonces jefe de la ONPE, esas inexplicables fallas podrían también ser indicios de un boicot por parte de quienes, conscientes de su fracaso en primera vuelta, habrían intentado sembrar el caos y la anarquía en un intento por manchar todo el proceso. Esa inquietante hipótesis no debería descartarse en las investigaciones que deben seguir su curso sin alterar el calendario electoral.

Mientras tanto, quienes pasan a la segunda vuelta lo hacen con tan poco respaldo del electorado que resulta legítimo preguntarse por los auténticos vencedores de la primera vuelta. Según el conteo de votos de la ONPE al 95%, estas son las cifras (al 10/05): Keiko Fujimori (FP), total de votos: 2.865.480 (10,48% del padrón); Roberto Sánchez (JP), total de votos: 2.001.640 (7,32% del padrón); Rafael López Aliaga (RP), total de votos: 1.988.094 (7,27% del padrón). Es decir, incluso sumando los votos de las dos opciones que competirán por la presidencia, no alcanzan el 20% del electorado habilitado para votar. Pero esta realidad, que desnuda la legitimidad de cualquier sistema democrático, parece no preocupar a los candidatos que, sin esperar el anuncio oficial, han levantado el banderín del segundo tramo de la campaña.

Soberbia e intransigencia: maximalismos sin sustento

La falta de conciencia sobre la precariedad del respaldo popular se hace notar en ambas propuestas. Antes que intentar acercarse a escuchar con honestidad y humildad lo que piensa ese 80% de la ciudadanía a la que no han podido persuadir, los discursos insisten en lo mismo e incluso se radicalizan. Como si las elecciones fueran un ring en el que el electorado solo contara como espectador, el equipo de Juntos por el Perú ha convocado al exfiscal Domingo Pérez como parte de su equipo para un eventual gobierno. Mientras tanto, Fuerza Popular no se ha quedado atrás. La semana pasada, por ejemplo, dio una nueva muestra de que lo suyo es la venganza y la persecución sin tregua a quienes consideran 'enemigos políticos'. Esta vez, la furia del Congreso, presidido por el congresista Rospigliosi, ha inhabilitado por 10 años a la exfiscal Delia Espinoza en un claro acto de venganza por la sentencia por delito de difamación que ella había logrado en el Poder Judicial. En paralelo, el mismo congresista Rospigliosi ha insistido en su 'propuesta' de 'arrasar' con jueces y fiscales 'comunistas y caviares'. Esa amenaza, lamentablemente, parece que la han empezado a cumplir a través de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con la separación de su cargo del juez superior Ordóñez, presidente de una sala constitucional de Lima. El juez Ordóñez había concurrido a la sede de la Comisión Interamericana en Washington para denunciar las amenazas y atropellos a la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público. Esa denuncia ha sido 'interpretada' en el proceso de su ratificación como una falta a su deber de magistrado y la JNJ, hoy claramente controlada desde el Congreso, ha ejecutado la represalia. Es una clara advertencia a todo el sistema judicial y fiscal.

Pero Juntos por el Perú no ha sido ajeno a esta misma fórmula de confrontación belicosa y, como si los votos alcanzaran para tanto, insiste con una asamblea constituyente que genera una razonable incertidumbre, pues no está claro hacia dónde pretenden conducirla. Otra de sus propuestas es igual de radical y sin fundamento: han sostenido que seguirán el ejemplo de México para establecer la elección popular de los jueces. En un país con preocupantes indicios de penetración del crimen organizado y el narcotráfico en instituciones clave del Estado, esta propuesta no es solo riesgosa, es absolutamente irresponsable y tiene la misma virulencia que las ideas del fujimorismo de 'arrasar' con jueces y fiscales. No es que el debate constitucional sea ilegítimo —en un país con tanta desigualdad estructural, sería absurdo descartarlo—. Lo que resulta inaceptable es la intransigencia con que se formula: como si la historia tuviera un único sentido posible y quienes no lo comparten fueran, simplemente, obstáculos.

Ambas posiciones comparten, en el fondo, la misma obstinación por la confrontación y la reticencia al diálogo: la convicción de que el mandato que recibieron —fragmentario, minoritario, disputado— les autoriza a actuar como si representaran a la totalidad de los electores. El maximalismo de sus propuestas y la intransigencia con que las promueven, pese a que son conscientes de que los votos no los respaldan, solo dan cuenta de su precaria convicción democrática.

Y dónde está la mayoría

La ciudadanía se ha pronunciado con mucha claridad en la primera vuelta. Su voto ha sido distante de ambas fuerzas que ahora disputan la segunda vuelta. Esas minorías dispersas conforman la gran mayoría y tienen derecho a que se respeten sus puntos de vista y, desde luego, sus legítimos temores. Hay un centro razonable que tiene que hacer sentir su voz en esta segunda vuelta. No pienso en una nueva 'hoja de ruta', pero sí en un pacto por la democracia y sus instituciones. La ciudadanía no debería volver a las urnas en junio sin antes tener la seguridad de que su protesta va a ser escuchada y sus temores serán disipados. La soberbia, el autoritarismo y la venganza han sido ampliamente rechazados en primera vuelta. La democracia exige diálogo: ninguna facción tiene derecho a imponer el 100% de su programa maximalista cuando el 80% lo ha rechazado de forma contundente.