JNJ acosa a jueces en pleno proceso electoral

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ejecuta la no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez, quien presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentos jurídicos contra las normas aprobadas en el Congreso de la República. Además, la decisión se produce durante el proceso electoral y coincide con el conteo de votos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, institución en la cual pretenden imponer un nuevo jefe sin participación de la sociedad civil.

Al respecto, es de justicia destacar la actuación del juez Ordóñez ante los fueros internacionales. Esa valentía ha costado una decisión arbitraria de la JNJ que, a su vez, configura una secuencia en la que intervención internacional y consecuencia administrativa aparecen asociadas. Y de ello tomarán nota quienes desde la comunidad internacional miran de cerca la matonería de los operadores del pacto corrupto.

En el trasfondo opera una dinámica de poder en la que actúan vinculados a un bloque legislativo observan afectación de sus iniciativas contrarias a los criterios de un Estado de Derecho garantista y que persigue el delito, cuando la actuación judicial se ajusta a ley y a estándares internacionales. En ese marco, la decisión de la JNJ intenta ordenar el campo institucional en función de esas iniciativas y reconfigurar incentivos perversos dentro del sistema de justicia. Pero, desde estas páginas editoriales y, amparados en la historia del Perú, advertimos que este cuento tiene “patas cortas”. Este comportamiento mafioso de los órganos judiciales también ocurrió en los peores momentos de la dictadura fujimorista que hoy gobierna nuevamente en el Perú junto a sus aliados, sometiendo entre muchas otras instituciones, a la presidencia de la República, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la JNJ, y la Fiscalía, bajo un esquema de cooptación institucional que han logrado a pulso en el último quinquenio.

Y no menor es el proceso electoral en curso que amplifica el alcance de la medida. Porque, en el fondo, el objetivo de estas bravatas termina siendo el amedrentamiento a quienes osen desafiar sus acciones abusivas de la ley.