La independencia judicial en riesgo: las advertencias de la Comisión de Venecia y de tres relatores de Naciones Unidas

Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario - Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho —la Comisión de Venecia— acaba de publicar un nuevo informe sobre los riesgos para la independencia judicial en el contexto de una serie de reformas legislativas. El informe responde a la preocupación formulada por la Presidenta del Poder Judicial frente a un conjunto de reformas legales ya aprobadas y otras en trámite ante el Congreso que ponen en riesgo la independencia y socaban la autonomía del Poder Judicial.

Coincidentemente, la semana pasada también se hizo pública una comunicación dirigida al gobierno del Perú por parte de tres Relatores especiales de Naciones Unidas (Relatorías sobre Independencia Judicial, Libertad de Expresión y Libertad de Asociación). En esta comunicación, los relatores se refieren al proceso disciplinario abierto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, "por sus declaraciones durante una audiencia sobre independencia judicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ejercía su derecho a la libertad de expresión y su derecho de asociación".

Los relatores manifiestan su preocupación sobre "medidas que podrían considerarse represalias contra el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú por las declaraciones que hizo en su calidad de representante de la asociación ante una audiencia oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema de la independencia judicial en las Américas". En este sentido, recuerdan que "[l]os jueces son libres de formar y afiliarse a asociaciones de jueces u otras organizaciones para representar sus intereses, promover su formación profesional y proteger su independencia judicial. (…) Las medidas destinadas a sancionar a los miembros elegidos de una asociación de magistrados representan una amenaza directa para su independencia, lo que compromete la capacidad de los profesionales judiciales para cumplir eficazmente su mandato."

La "opinión" de la Comisión de Venecia (CV), por su relevancia técnica, merece un análisis más detenido. En sus conclusiones, los expertos proyectan sus recomendaciones al contexto post electoral al establecer que: "Tras las elecciones generales programadas […] y la instalación del nuevo Congreso, debe llevarse a cabo un proceso integral, inclusivo y transparente de reforma judicial. Este proceso debe priorizar una participación significativa de todos los actores relevantes, incluidos miembros del Poder Judicial, la profesión jurídica, la sociedad civil y el público en general". Antes, sin embargo, sus advertencias merecen especial atención.

Reformas fragmentarias

El documento de la CV muestra que, en medio de una profunda crisis política, el Poder Judicial y el sistema de justicia en su conjunto han sido objeto de reformas desintegradas e incoherentes con un patrón reiterado: la influencia política y el control de su independencia. La reforma judicial en el Perú "se ha abordado mediante múltiples leyes en rápida sucesión, en un breve plazo de tiempo y de forma descoordinada". Solo en el contexto del presente dictamen, la Comisión se vio obligada a examinar "nada menos que trece leyes y proyectos de ley sobre reforma constitucional y jurídica que afectan al Poder Judicial, todos ellos presentados en los últimos años". El enfoque fragmentario —señala el documento— "no ha permitido analizar el efecto combinado de cada reforma ni adoptar posibles medidas paliativas en consulta con todas las partes afectadas".

Según se precisa, "[e]l éxito de una reforma judicial depende en gran medida de su aceptación por todas las partes afectadas. La apropiación es una característica esencial de cualquier reforma exitosa."

Los proyectos que aún están en trámite

El documento de la comisión de expertos también muestra preocupación por el Proyecto de Ley N° 9675/2024-CR, presentado por el entonces congresista y hoy Presidente en funciones José Balcázar, que propone la modificación del artículo 102-A de la Constitución, para que los jueces de la Corte Suprema sean elegidos ya no por la JNJ, sino por el Senado. Elegir a los jueces de la Corte Suprema en el Congreso sin garantías de independencia es exactamente lo que hemos visto en los gobiernos autoritarios y populistas de los últimos años. Esta vía es la del control directo y no puede significar una vía de reforma admisible.

No debe perderse de vista en este sentido que hay sectores de la izquierda radical que, siguiendo el modelo reciente de México, vienen proponiendo la elección popular de los jueces, pese a que los resultados que se empiezan a conocer en México son realmente alarmantes. El populismo es, en este punto, una amenaza real también entre nosotros.

La reforma judicial en la agenda electoral

Tanto el documento emitido por la CV como la comunicación dirigida por los tres Relatores de Naciones Unidas nos muestran una serie de riesgos y amenazas para la independencia de los jueces. Ahora que inicia el debate por la segunda vuelta, resulta de especial relevancia que los dos candidatos expresen su postura en este debate: si van a respetar y en qué términos la independencia judicial en el marco de una necesaria reforma del Poder Judicial.

El electorado tiene derecho a saber con claridad dónde está cada candidato ante estas amenazas concretas. Las elecciones son una ocasión para renovar instituciones, no para destruirlas. Son también, como ocurre ahora, el momento en que la ciudadanía debe exigir una toma de postura explícita ante los riesgos más serios que enfrenta el sistema democrático. La Comisión de Venecia nos muestra un camino. Lo que queda por saber es si quienes aspiran a gobernar el Perú están dispuestos a escucharla —o si prefieren seguir usando a la justicia como un espacio de disputa electoral.