Elecciones 2026 en Perú: entre la eficiencia técnica y la tormenta desinformativa, por Jorge Jáuregui

El Perú enfrenta un nuevo proceso de Elecciones Generales en 2026. Las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran una jornada electoral eficiente, con altos estándares de integridad. Se instaló el 99,8% de las mesas de sufragio programadas, superando los niveles alcanzados en los comicios generales de 2016 y 2021. Además, según Ipsos, la participación electoral superó el 81%, uno de los índices más altos en comparación con las últimas dos elecciones presidenciales.

Sin embargo, deficiencias operativas puntuales durante el despliegue y repliegue del material electoral, ocurridas el 12 de abril, impidieron instalar las mesas en 13 locales de votación de Lima Metropolitana. Esta situación fue aprovechada por un sector de la prensa para construir un relato de graves irregularidades, llegando a insinuar causales de nulidad electoral o posibles delitos de las autoridades electorales.

El sobredimensionamiento de estos incidentes produjo, de manera injustificada, la sensación de una jornada irregular. Pero los datos describen una realidad distinta: la ONPE instaló 95.896 mesas de sufragio en 10.150 locales a nivel nacional. Solo quedaron sin instalarse 187 mesas. Es decir, el 99,8% del proceso funcionó con normalidad.

Para entender el caos desinformativo generado aquel domingo 12 de abril de 2026, es necesario ampliar la mirada hacia el ciclo electoral en que se desarrollan estos comicios. En ciencia política, este ciclo corresponde a lo que se denomina un régimen autoritario, configurado desde el Parlamento peruano por partidos que han perdido sistemáticamente las elecciones presidenciales. Dicho poder público se ha instalado fuera del control electoral ciudadano, vulnerando el principio de soberanía popular y la forma republicana de gobierno establecida en el artículo 3 de la Constitución Política del Perú.

Desde la administración electoral, en cambio, el Perú ha tenido una democracia electoral impecable durante los últimos 26 años. A pesar del déficit de representación de grupos sociales excluidos, los procesos electorales se realizaron con autonomía de los organismos electorales, pleno respeto a la legislación vigente y a la voluntad popular expresada en las urnas.

El primer ataque sistemático a los organismos electorales surgió tras las Elecciones Generales de 2016, cuando algunos partidos perdedores ensayaron una narrativa de "fraude electoral" sin pruebas. Ese fue el inicio de una coalición parlamentaria autoritaria que buscó someter al Poder Ejecutivo desde el Congreso. No lo lograron entonces por el entramado institucional democrático.

En 2021, una nueva derrota de Fuerza Popular frente a Perú Libre activó la versión 2.0 de esa misma narrativa fraudulenta sin sustento. La violencia desinformativa alcanzó niveles inéditos, pero nuevamente los órganos constitucionales —en particular el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)— bloquearon el intento de desconocer los resultados.

El Informe Final de la Misión de Expertos Electorales para las Elecciones Generales 2021 señala textualmente: "Las elecciones generales de 2021 fueron en general creíbles e íntegras, de conformidad con los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales. El JNE y la ONPE gestionaron unas elecciones bien organizadas, a pesar de enfrentar acusaciones no probadas de falta de independencia, campañas de desprestigio sin precedentes y ataques —incluido acoso a sus presidentes— que perturbaron el proceso."

El mismo informe revela un aspecto central para entender lo ocurrido en 2026: la orquestación de operaciones de desinformación desde sectores importantes de la prensa privada limeña. Señala el documento que, en 2021, la mayoría de medios privados de Lima realizaron una cobertura claramente sesgada a favor de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, en detrimento de Pedro Castillo y Perú Libre, violando códigos de ética periodística y privando a los votantes de información veraz y equilibrada.

Frente a la imposibilidad de ganar las elecciones presidenciales desde 2001, los grupos que conforman la coalición autoritaria instalada en el Congreso en 2021 iniciaron la construcción de una autocracia parlamentaria. El punto de inflexión fue el inicio del gobierno de Dina Boluarte, marcado por el asesinato de más de medio centenar de personas durante las protestas por la detención de Pedro Castillo, seguido del sistemático socavamiento de la independencia de instituciones clave del Estado de derecho, con especial énfasis en los organismos electorales, cuyos titulares fueron amenazados con cambios constitucionales para someterlos al control político del Congreso.

Llegamos así a las Elecciones Generales de 2026. La coalición parlamentaria gobernante enfrenta una nueva derrota electoral, pese a haber introducido modificaciones quirúrgicas en la legislación electoral para fragmentar y debilitar a los partidos de oposición: eliminación de las primarias tal como fueron diseñadas originalmente, reintroducción del requisito de firmas para la inscripción de partidos, y condiciones asimétricas de competencia que favorecen con financiamiento público directo a los partidos oficialistas.

La Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) está diseñada para proteger el voto ciudadano. Su artículo X del Título Preliminar establece el principio de conservación del voto, prefiriendo aquella interpretación que otorgue validez al voto y evite restricciones formalistas. Las causales de nulidad —de mesa, parcial o total— no se han materializado en la jornada del 2026. Tampoco los votos nulos o en blanco superan los dos tercios de los votos válidos, ni existen hechos que autoricen la nulidad en circunscripciones que representen un tercio de la votación nacional válida.

Ante la imposibilidad de ganar en las urnas o anular las elecciones, la alternativa fue una operación de demolición mediática contra la ONPE y, particularmente, contra su jefe nacional, Piero Corvetto. Este patrón reproduce la campaña contra Pedro Castillo en 2021, tal como lo documentó el Informe de Expertos Electorales de la Unión Europea.

Finalmente, un factor que enciende las alarmas es el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones en 2026. A diferencia de la firme defensa del voto ciudadano que mostró en 2021, esta vez el JNE emitió pronunciamientos públicos amenazando con aplicar la máxima sanción ante denuncias de fraude sin sustento jurídico de un candidato. Con ello, el JNE actuó en colisión del principio de imparcialidad consagrado en el artículo VII del Título Preliminar de la Ley 26859, que exige a los organismos electorales cumplir sus funciones sin menoscabo ni beneficio para ningún interviniente.

Las cifras hablan de una jornada electoral exitosa. Pero la guerra comunicacional contra la administración electoral, sumada a un JNE que esta vez ha mostrado fisuras en su imparcialidad, revela que el mayor riesgo para la democracia peruana no está en las urnas, sino en quienes intentan destruir la confianza en ellas.