Un niño costero no se atiende con declaraciones de emergencia

El Perú conoce los efectos de El Niño desde siempre. Las lluvias intensas, la activación de quebradas y el aumento del caudal de los ríos afectan a miles de familias cada cierto tiempo. La última vez fue en El Niño Costero del 2017.

El Estado cuenta con información técnica suficiente, como mapas de vulnerabilidad que deberían estar actualizados y presupuesto público disponible para atender la emergencia. Por ello, lo que realmente se requiere es conducción política.

Este Gobierno encargado por el pacto corrupto ha atinado tan solo en la declaratoria de emergencia. Si bien constituye una herramienta administrativa, por sí sola es insuficiente en orden de prioridades de gestión.

El reciente nombramiento de Luis Enrique Arroyo Sánchez en el Ministerio de Defensa aporta experiencia técnica en gestión de desastres. Su trayectoria en el Instituto Nacional de Defensa Civil debería hacer que exija la coordinación intersectorial, la intervención anticipada en cuencas críticas, el mantenimiento de infraestructura hidráulica y la ejecución eficiente del presupuesto asignado. Pero tiene que hacerlo él. Está en sus manos.

No obstante, la gestión de riesgos no depende únicamente del Gobierno central. Los alcaldes provinciales y distritales presiden los comités de defensa civil en sus diferentes jurisdicciones.  En conjunto, cada nivel institucional cumple funciones definidas y representa un actor decisivo en la seguridad ciudadana.

Por lo tanto, el país requiere una política clara de ordenamiento territorial, no solo un “saludo a la bandera” como lo es la sola declaratoria de emergencia, como lo hace el Estado con la presunta lucha contra la criminalidad. Nada se logró con solo esa medida. Al contrario, el problema público se empeoró.

Los peruanos deben reconocer quiénes detentan el poder Ejecutivo, cada vez de forma más impune. La pregunta de fondo radica en cuáles son los responsables de la conducción del país y cómo esa concentración de autoridad afecta la capacidad de respuesta frente a emergencias que ponen en riesgo a toda la población.