Cuando el poder relativiza la violencia, por Marcela Huaita Alegre

Hay señales que, tomadas por separado, podrían parecer episodios aislados. Un comentario desafortunado. Una decisión administrativa. Una denuncia más que se diluye en el ruido informativo. Pero cuando se miran en conjunto, el dibujo es nítido: estamos retrocediendo. Y ese retroceso tiene un costo concreto, medible, doloroso. Lo están pagando las niñas y adolescentes.

Hay momentos en que la evidencia se acumula de tal manera que ya no admite eufemismos – como lo vemos en el caso Epstein-.  El problema no es solo la violencia sino quiénes ejercen el poder y qué mensajes emiten sobre ella. Cuando presidentes, congresistas, jueces y líderes políticos relativizan, niegan o banalizan la violencia sexual, el mensaje es claro: el cuerpo de las niñas no es una prioridad política.

La violencia sexual contra niñas y adolescentes no es un fenómeno nuevo ni desconocido. En el Perú, las cifras se repiten año tras año con una regularidad que debería escandalizar: miles de denuncias, miles de embarazos forzados, miles de trayectorias de vida interrumpidas. La escena es inquietantemente global, pero se expresa siempre en contextos concretos, con nombres, instituciones y decisiones políticas específicas. Lo nuevo —y lo profundamente perturbador— es el clima político que rodea esta violencia: un clima en el que se la minimiza, se la relativiza o, directamente, se la niega.

Ese clima se construye desde el poder. Se construye cuando autoridades con capacidad de decisión aparecen implicadas en denuncias graves de violencia sexual o de conductas que cosifican a las mujeres, y aun así continúan ejerciendo cargos públicos sin asumir responsabilidad política alguna. Se construye cuando el debate público se desplaza de la protección de las víctimas a la sospecha permanente sobre su palabra.

Pero también se construye con discursos. Cuando un congresista afirma que los embarazos en niñas producto de abuso sexual “no siempre son violaciones, a veces son noches de placer”, no está cometiendo solo un exceso verbal. Está desmantelando, en una frase, el principio básico de protección de la niñez. Está diciendo —aunque no lo nombre— que el cuerpo de una niña es negociable, interpretable, transable.

No es un desliz aislado. Años atrás, otro parlamentario sostuvo que una violación no podía generar un embarazo, como si la biología fuera opinable y la experiencia de miles de niñas pudiera descartarse con una afirmación liviana. Estas declaraciones no contradicen solo la evidencia científica o las estadísticas oficiales del propio Estado; contradicen la vida real de las niñas que paren a los 11, 12 o 13 años tras haber sido violentadas.

Mientras estos discursos circulan sin mayores consecuencias, las políticas públicas que deberían enfrentar esta realidad se debilitan. Se desarticulan instancias especializadas de justicia precisamente en las regiones con mayor incidencia de violaciones a menores de edad. Se recortan capacidades institucionales. Se cuestiona el enfoque de género como si fuera un lujo ideológico y no una herramienta mínima para entender y enfrentar una violencia profundamente desigual.

El retroceso también se expresa en gestos que cruzan una línea ética elemental. Exponer públicamente a niñas violadas junto a sus hijos, convertir su experiencia en un recurso político, instrumentalizar su dolor para reforzar una agenda moral, no es defensa de la vida ni de la infancia. Es otra forma de violencia.

Todo esto ocurre en paralelo, y no por casualidad. Cuando el poder empieza a incomodarse con las políticas de género, lo que realmente está rechazando es la idea de rendir cuentas. Porque el enfoque de género no solo nombra desigualdades: las hace visibles, las mide, las vuelve exigibles.

Por eso, debilitar estas políticas no es neutral. Tiene efectos. Significa menos protección, menos acceso a justicia, más silencio. Significa que las niñas entienden —rápidamente— que el Estado duda de ellas, que sus cuerpos están en disputa y que su sufrimiento puede ser puesto en cuestión.

Nunca ha sido tan evidente que fortalecer las políticas de género no es una concesión ni una moda. Es una condición básica para que la violencia sexual contra niñas deje de ser tolerada, explicada o justificada desde el poder. Cuando la violencia se relativiza desde arriba, la impunidad se filtra hacia abajo.

Y en ese descenso, las primeras en quedar expuestas son siempre las mismas: las niñas.