En el lado correcto de la historia, por Diego García-Sayán

En junio de 1967, tras la Guerra de los Seis Días, el Perú fijó una postura clara en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su representante, el excanciller Enrique García-Sayán —mi padre—, designado para el efecto por el entonces presidente Fernando Belaúnde, expuso una fórmula de paz basada en el derecho internacional y el equilibrio político. No sería mala idea revisar esa experiencia y considerar retomar algunos de los conceptos que en esa ocasión se plantearon.

La base: el derecho internacional

Basándose en el derecho internacional, el Perú fue uno de los primeros países en pedir el retiro de las fuerzas israelíes de los territorios recién ocupados, la creación de una zona desmilitarizada supervisada por la ONU, la atención urgente a los refugiados palestinos, el reconocimiento del derecho de Israel a vivir en seguridad y la internacionalización de la ciudad amurallada de Jerusalén.

No fue un discurso de circunstancias: fue una hoja de ruta que, más de medio siglo después, mantiene plena vigencia. Y valdría retomarla en asociación con otros países —particularmente latinoamericanos— que han sido un tanto silentes durante la guerra contra Gaza.

Trípode: legalidad, seguridad y dignidad

La posición peruana, expresada con firmeza en 1967, se sustentó en tres componentes fundamentales.

Primero, la afirmación de que la ocupación militar no puede ser base legítima de soberanía. Ergo: lo que valía en ese entonces sigue valiendo ahora.

Segundo, la seguridad de Israel debía reconocerse sin ambigüedades, pero no a costa de negar los derechos de otros pueblos. La ocupación de territorios palestinos ocurrida desde 1967 era y sigue siendo ilegal para el derecho internacional. Por ello, solo con la desocupación por parte de Israel de Cisjordania y la Franja de Gaza se dan las condiciones necesarias para exigir y supervisar la paz en la región, así como la conducta apropiada, en esa dirección, de todos los actores involucrados, empezando por Israel y la autoridad o Estado palestino.

Tercero, la solución humanitaria del drama de los refugiados era inseparable de cualquier paz duradera, otorgando todas las facilidades a las agencias de las Naciones Unidas competentes y especializadas en la materia.

Actuar por la paz

La guerra que en estos tiempos libra el gobierno de Netanyahu se desarrolla precisamente en esos territorios aún bajo ocupación —Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este—. El correlato lógico de la posición histórica del Perú sería hoy inequívoco; y mucho más útil y valioso que el silencio cómplice o expectante.

Y basado en el derecho. Pues las resoluciones de la ONU adoptadas en su momento, con el impulso y voto del Perú, siguen vigentes. Las resoluciones 2253 y 2254 de la Asamblea General declararon inválidas las medidas de Israel sobre Jerusalén; y la 242 del Consejo de Seguridad exigió la retirada de los territorios ocupados. Si el Perú votó entonces por la retirada de Israel, hoy debería condenar con la misma claridad la persistencia de esa ocupación y la violencia que genera.

Coherencia significa defender la actuación en Gaza de las agencias humanitarias de las Naciones Unidas, actuar con firmeza ante la ilegalidad de los asentamientos, respaldar la labor de la Corte Penal Internacional y reiterar que la seguridad de Israel debe garantizarse, pero no puede fundarse en la negación del derecho palestino a un Estado propio.

La voz de García-Sayán en 1967 no fue la de un país marginal, sino la de un Estado fundador de la ONU que entendía la fuerza del derecho frente al poder militar. Un legado que bien podría inspirar hoy a la diplomacia peruana.

El Perú, como entonces, tiene la oportunidad de ubicarse en el lado correcto de la historia. En 1967 lo hizo, reclamando desocupación, dignidad y paz. Hoy, el deber es reafirmar esa misma voz: clara, firme y sin excusas.

No basta, por cierto, con comunicados. La magnitud de la catástrofe exige una acción decidida de la comunidad internacional. Y aquí Europa, si quiere estar a la altura de su historia, empieza a jugar un papel clave. Pero América Latina, por su parte, también tiene algo que decir y hacer.

La magnitud de la crisis humanitaria en Gaza exige mucho más que declaraciones diplomáticas. Miles de civiles —en su mayoría mujeres, niños y ancianos— enfrentan desplazamiento forzado, escasez de agua potable, cortes de energía, hospitales colapsados y una infraestructura devastada. En este contexto, la comunidad internacional tiene el deber de actuar con rapidez, coordinación y firmeza.

Nuestra región tiene peso en la ONU, por lo que puede —y debe— impulsar medidas y asignar recursos para que las agencias de Naciones Unidas exijan y garanticen corredores humanitarios seguros para el ingreso de ayuda y la evacuación de heridos. La ONU, finalmente, debe movilizar recursos para garantizar el suministro de agua potable, alimentos y medicamentos; generadores eléctricos para hospitales y centros de atención, así como kits de higiene y protección para mujeres y niños.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) debe documentar violaciones al derecho internacional humanitario, incluyendo ataques a civiles, uso desproporcionado de la fuerza y destrucción de infraestructura civil.

Estos informes deben alimentar el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI), que ya ha iniciado investigaciones sobre crímenes en los territorios ocupados. El Perú y otros países latinoamericanos pueden respaldar públicamente esta labor, reafirmando su compromiso con la justicia internacional.

El Perú, como Estado fundador de la ONU, tiene la autoridad —y el deber— de liderar una respuesta humanitaria coherente con su legado. Defender la paz hoy significa proteger vidas, garantizar derechos y actuar con firmeza frente al sufrimiento.