¿Quién controla al controlador cuando en lugar de corregir se encubre?, por Cristian León Vilela

(*) Por Cristian Collins León Vilela. Abogado – Docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP

Hace dos meses, con el título “Dedocracia sin receta”, publiqué en La República la primera parte de esta historia: un alto funcionario que no cumple los requisitos para su cargo, constancias sin sustento y una institucionalidad que parece mirar hacia otro lado. Hoy retomo el caso porque —como diría Monterroso— el dinosaurio seguía allí.

A través de una solicitud de acceso a la información pública, obtuve información detallada del procedimiento seguido por el Ministerio de Trabajo para su designación. Lo que se desprende de ese documento es revelador: no hay error en quienes evaluaron. Hay un intento deliberado de aparentar cumplimiento de un requisito legal mediante documentos que, si bien no son falsos, no tienen sustento verificable.

El presidente ejecutivo de EsSalud, que sigue en funciones, no presentó evidencia concreta de haber sido director médico —como alegó— en ninguna de las dos clínicas mencionadas. ¿Es posible que no exista un solo documento que evidencie la trazabilidad documentaria del ejercicio de un directivo?

Además, él declara haber sido director médico desde 2019 en una de las dos clínicas que, por cierto, fue registrada como empresa recién en 2021. Y, bueno, lo de siempre: uno de los firmantes de sus constancias obtuvo un servicio por 30 mil soles con EsSalud.

Pero la historia da un giro aún más preocupante. La Contraloría —que, a través del OCI del Ministerio de Trabajo, había alertado del incumplimiento— removió al funcionario que firmó el informe de control y suspendió el plan de acciones, dentro de las cuales se disponía la desvinculación del titular de EsSalud y el deslinde de responsabilidades. Es decir, en lugar de corregir, el sistema de control decidió desactivar sus propias alarmas. Así, las sanciones previstas frente al incumplimiento en casos de idoneidad, inclusive la Ley N.º 31676 (que sanciona con hasta cuatro años de prisión efectiva), pierden fuerza si no existen consecuencias reales, ni administrativas ni políticas.

Este caso, que involucra a la mayor institución de seguridad social del país, nos recuerda que el problema ya no es solo la falta de requisitos: es la captura institucional. Un diseño legal puede prever filtros, sanciones y estándares, pero todo ello queda neutralizado cuando existen incentivos para priorizar lealtades políticas sobre la idoneidad técnica y la integridad moral.

Y es allí donde el rol de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) se vuelve crucial. Entre 2021 y 2024, esta entidad lideró la supervisión en materia de idoneidad, logrando respaldo ciudadano y legitimidad pública. Esa legitimidad institucional es vital en procesos de reforma, sobre todo cuando otras instancias —como el sistema de control— fallan.

Es que la idoneidad no se garantiza con leyes, sino con voluntad política, supervisión real y ciudadanía vigilante. Vincular a personas íntegras reduce los costos de supervisión porque su capital reputacional es su mejor incentivo. Por el contrario, quienes no valoran la probidad tienden a realizar simulaciones de cumplimiento, lo que obliga a controles más costosos, complejos y técnicamente exigentes.

Este no es solo un caso sobre un nombramiento. Es una alerta sobre la fragilidad de nuestras instituciones frente al clientelismo. Si no logramos que los sistemas de control o supervisión corrijan en lugar de silenciarse, y que las reformas cuenten con actores legítimos que las lideren, seguiremos pagando con servicios deficientes el costo de una administración pública capturada.