La trampa legal de Dina Boluarte
La ley de amnistía recientemente promulgada por mandataria es, en esencia, un mecanismo de autoprotección.
La norma que otorga impunidad para quienes aún no han cumplido con la justicia encubre su auténtica finalidad. Lejos de buscar honrar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú, el objetivo que guió la firma que deshonra a la memoria de la Patria es la búsqueda de mayor blindaje para la presidenta.
El artificio radica en invocar el conflicto armado interno como suerte de trueque con la mayoría parlamentaria conservadora y autoritaria para legitimar la impunidad de quienes, en 2022 y 2023, ordenaron o ejecutaron la represión contra manifestantes, dejando decenas de muertos y heridos.
El Congreso le ha tendido la llave de una salida anticipada de la justicia, y ella no ha vacilado en hacerla girar. Se trata, entonces, de un seguro político para la propia Boluarte y para quienes cumplieron sus disposiciones desde el gobierno.
La comunidad internacional advirtió con alarma la gravedad de este artificio, que socava el Estado de derecho. La CIDH condenó la norma y recordó que la Corte Interamericana ordenó suspender su trámite e instó a los jueces a inaplicarla por su contradicción con la Constitución y los estándares internacionales.
Por otro lado, las familias de las víctimas, junto con organizaciones de derechos humanos como la CNDDHH y APRODEH, han exigido a los jueces ejercer el control de convencionalidad. Han protestado manifestando la ilegitimidad de la ley, por lo que demandan su inaplicación en defensa de la justicia y los derechos fundamentales.
Sin embargo, la ley de amnistía, no debería tratarse de manera aislada, ya que forma parte de una estrategia más amplia de debilitamiento institucional que está en marcha en el país hace meses.
El hostigamiento que continúa en el Ministerio Público, los intentos de recortar la autonomía judicial y el desdén hacia el sistema interamericano de derechos humanos configuran un retroceso peligroso en el estado de Derecho en el país. Y, en ese sentido, el artificio legal de Boluarte es también un síntoma de una maquinaria errática que se piensa más allá del 2026. Por lo que necesitan -a toda costa- un sistema de rendición de cuentas erosionado y una impunidad normalizada. No lo lograrán.