La concertación golpista

La ofensiva desatada contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza no debería verse como un evento cualquiera. Si bien la ilegalidad creada por la Junta Nacional de Justicia -hoy denunciada constitucionalmente- es evidentemente burda, se trata de una movida calculada.

La pregunta clave no es por qué Espinoza está siendo atacada, sino quiénes se benefician directamente de su debilitamiento. La respuesta conduce, sin rodeos, al corazón del poder político actual: la coalición autoritaria gobernante.

Como informa hoy La República, en pocos meses, Espinoza ha presentado al menos 24 denuncias constitucionales contra congresistas investigados por casos como los ‘mochasueldos’, ‘Los Niños’ o presunto tráfico de influencias. Los nombres no son menores y pertenecen a un amplio espectro de parlamentarios que hoy conforman la mayoría que garantiza la estabilidad política del régimen de Dina Boluarte.

Sin embargo, eso no es todo. Espinoza fue quien presentó una denuncia constitucional en contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de abandono de cargo en el caso de las cirugías clandestinas, enriquecimiento ilícito en el caso Rolex, colusión (Qali Warma) y, sobre todo, por las muertes durante las protestas sociales al inicio de su mandato. Denuncias que, por supuesto la subcomisión de asuntos constitucionales -dirigida por APP- se encargó de archivar arbitrariamente.

No obstante, vale decir que Boluarte no actúa sola. Su mayor respaldo se encuentra en el Congreso, cuyas bancadas han recibido también la atención de la fiscal Espinoza. Para ellos, Espinoza es una amenaza.

Lo que buscan quienes hoy impulsan la desestabilización del Ministerio Público es recuperar el control de una institución clave para evitar rendir cuentas, como en los tiempos de los Cuellos Blancos a la cabeza de dicha institución.

En ese sentido, existen los suficientes indicios para afirmar que la inestabilidad creada en la Fiscalía por los miembros de la JNJ firmantes de la resolución ilegal de reposición de Benavides, los congresistas y los abogados de políticos acusados por corrupción que vienen saliendo en medios a respaldar lo resuelto contra el Derecho por la Junta responden a un plan concertado.

Además, se le suma el silencio de los miembros de la JNJ. De ahí los incentivos perversos para crear las condiciones para un golpe antes de abril de 2026.