En defensa de las infancias

Hoy como cada 12 de junio, el mundo alza la voz contra el trabajo infantil. Y lamentablemente, en el Perú, este abuso aún no ha desaparecido.

El sociólogo peruano Carlos Eduardo Aramburú reflexiona que los peruanos se han “acostumbrado, a fuerza de encuentros cotidianos, a aceptar el trabajo infantil como algo ‘normal’”.

Y las cifras no son alentadoras. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) arrojan que alrededor de 25,8% del universo total de niños y adolescentes en el Perú es obligado a trabajar. Esto quiere decir que aproximadamente 1,2 millones de ellos, de entre los 5 y 17 años, son impedidos de sus derechos, los cuales deberían ser inalienables.

Para poner en contexto: los datos revelan que este tipo de violencia sistemática en el país se encuentra muy por encima del promedio mundial (9,6%) y del regional (6%), según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lo cierto es que el trabajo infantil, lejos de cualquier intento de justificación, representa una vulneración sistemática de derechos. Y sobre ello, la evidencia es contundente.

Según el Ministerio de Trabajo (2023), los estudiantes de primaria que trabajan más de 24 horas semanales tienen siete veces más inasistencia y tres veces más desaprobación y rezago escolar que el resto no violentado. Y en el nivel secundario, quienes trabajan más de 36 horas semanales presentan un rezago académico 2,5 veces mayor.

No obstante, el problema es heterogéneo en el territorio. En zonas rurales, el 56% de menores trabaja, contra un 17% en las urbes.

Esto implica afectaciones también a la salud de los niños, ya que el 39,5% de ellos ha reportado problemas de salud derivados de dichas actividades abusivas. (MTPE, 2023).

A fin de cuentas, lo relevante de este problema público es que permitirlo solo perpetúa el círculo de la pobreza. Como sostiene Unicef, el acceso limitado a la educación de calidad y al tiempo de juego y socialización necesarios para el desarrollo emocional acorta considerablemente las oportunidades de progreso.

El pensador alemán opositor al nazismo Dietrich Bonhoeffer sostuvo —con razón— que la calidad moral de una sociedad se mide por cómo trata a sus poblaciones vulnerables. Y sobre esta meta, a la cual no debemos renunciar, el Perú está todavía en deuda.