Lo que perderíamos con la fusión MIMP-MIDIS, por Jennie Dador y Liz Meléndez

En enero de 2025, 17 mujeres fueron asesinadas en nuestro país, víctimas de feminicidio. Otras 500 denunciaron ser víctimas de violencia. Detrás de estas cifras hay rostros, historias y vidas que podrían haber encontrado protección  y  respuesta estatal efectiva. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a la posibilidad de retroceder décadas en la lucha contra la violencia de género, debido a la propuesta de fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

El MIMP, con todas sus debilidades y fortalezas, es una institución clave en la implementación de políticas públicas enfocadas en la prevención y atención de la violencia de género. Está bajo la responsabilidad de este ente rector el Programa Aurora, que tiene a cargo los Centros de Emergencia Mujer (CEM), las Líneas de Atención contra la Violencia y las Estrategias de Prevención en comunidades han sido fundamentales para miles de mujeres en situación de riesgo.

Es una demanda de especialistas en la materia que el Programa Aurora y las políticas de prevención se fortalezcan con mayor especialización, presupuesto y capacidad de atención; una fusión afectaría el funcionamiento de los servicios y la implementación de políticas, lo que impactaría negativamente en las poblaciones más vulnerables como las niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia.

Recordemos que el MIMP, tiene la rectoría no solo sobre temas vinculados a los derechos de las mujeres, sino a políticas orientadas a promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de personas con discapacidad y adultos/as mayores.

En un país donde cada mes decenas de mujeres mueren a manos de sus parejas o exparejas y miles de niñas son víctimas de violencia sexual, reducir los recursos y la autonomía de la institución rectora en la materia, es una irresponsabilidad. La violencia de género no es un tema secundario ni accesorio dentro de la política social: es una emergencia nacional que  genera costos en vidas que se pierden, entornos familiares destruidos y también tiene un impacto en la economía pública y privada.

De otro lado, es preocupante que se plantee una fusión con un Ministerio que se encuentra bajo la sombra de graves denuncias de corrupción vinculadas a la criminalidad imperante en nuestro país.  Una reforma de esta naturaleza no puede hacerse en medio de estos escándalos y sin un análisis serio del impacto que esto tendrá sobre el bienestar de la población.

No es una cuestión de "eficiencia", como ha señalado la actual ministra de la Mujer, sino de prioridades. Si el MIDIS ha sido incapaz de garantizar la transparencia en su propia gestión, ¿qué garantía hay de que el MIMP no termine arrastrado por esa misma ineficiencia, corrupción  y falta de rendición de cuentas a otro sector del Estado?

Si esta fusión sigue adelante, lo que perderemos no será solo un ministerio. Perderemos vidas y décadas de avance en la construcción de políticas de protección y prevención de la discriminación. El MIMP no es perfecto, lo sabemos, pero su vigencia contribuye a garantizar derechos en poblaciones vulnerables, por lo que el camino es fortalecer estas instancias, abordar y trabajar para superar debilidades y no desaparecerlas.

Las mujeres, las niñas, adolescentes, las personas adultas mayores, todas poblaciones altamente vulnerables a la exclusión no pueden pagar el costo del avance de narrativas de odio y contrarias a toda lógica de derechos.