Democracia peruana: ni terrucos ni fachos, por René Gastelumendi

En una sola semana, esta última que acaba de pasar, el Poder Judicial ha sentenciado la disolución de dos organizaciones políticas cuyos postulados atentaban claramente contra la democracia y los Derechos Humanos. Hablamos del Movimiento para la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) y de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O). Resumiendo, los primeros son terrucos y los segundos son fascistas. ¿Qué tienen en común estos dos fallos históricos del Poder Judicial?

- Vínculos con la violencia: Ambos grupos han sido asociados con ideologías o movimientos que promueven la violencia. MOVADEF tiene vínculos con Sendero Luminoso, revindica el pensamiento Gonzalo, el mismo que justifica la lucha armada, el asesinato de personas para llegar al poder. En tanto, A.N.T.A.U.R.O. está relacionado con la proclamación de fusilamientos a funcionarios, exfuncionarios públicos, expresidentes, así como a miembros de la comunidad LGTB. Incluso  algunos de sus integrantes siguen en prisión por violaciones a los derechos humanos.

- Peligro para la Democracia: En ambos casos, el Estado argumentó que estos movimientos amenazaban el orden democrático y la paz pública al promover ideologías que incitan a la violencia o a la ruptura del estado de derecho para lograr sus fines.

- Reivindicación de Violencia Pasada: Tanto MOVADEF como A.N.T.A.U.R.O. han defendido figuras y acciones delictivas en la historia peruana, como el terrorismo en el caso del MOVADEF e  intentos de golpe de estado, homicidios de por medio, por parte de A.N.T.A.U.R.O, lo cual implicaría una inaceptable influencia en la sociedad actual.

Ya separando, en el caso del MOVADEF se trata de un fallo de la Corte Suprema y, sin duda, es un logro del ex jefe de la DINCOTE, el general Oscar Arriola, quien investigó este caso desde sus inicios a través de la operación Perseo, la cual incluyó la imputación de 43 personas, entre ellos miembros de la cúpula de Sendero así como la de nuevos miembros. Documentos, audios, videos, manuscritos del mismo Abimael Guzmán y sus abogados, no solo dan cuenta de financiamiento ilegal si no que, y esto es crucial,  avalan el llamado Pensamiento Gonzalo desde su nacimiento. La violencia está en el ADN del Movadef. El pensamiento Gonzalo es terrorismo puro y duro: llama al uso de la violencia y el fomento del odio de clases ​ mediante la denominada «guerra popular» y la «cuota de sangre» Abimael Guzmán declaró en 1983: “En cuanto a la violencia partimos de un principio establecido por el presidente Mao Tse Tung: la violencia es una ley universal sin excepción alguna, quiero decir la violencia revolucionaria; esa violencia es la que nos permite resolver las contradicciones fundamentales con un ejército y a través de la guerra popular. Es una cuestión sustantiva del marxismo porque sin violencia revolucionaria no se puede sustituir una clase por otra, no se puede derrumbar un viejo orden para crear uno nuevo, un nuevo orden dirigido por el proletariado a través de partidos comunistas”, aquí vemos como la violencia es vista como un paso fundamental para instaurar sur régimen marxista, leninista, maoista. Es así como se justifican: «acción guerrillera, contrarrestablecimientos, cosechas,arrasamientos,emboscadas, sabotaje al sistema vial, invalidar troncales, aeropuertos, guerra psicológica, hostigamiento para quebrar movimientos, terrorismo selectivo, la  «propaganda armada, combate guerrillero, asesinato colectivo y sabotaje, el paro armado, etc​

La Sala señala que el MOVADEF promueve el pensamiento Gonzalo y viabiliza actos posteriores de la toma del poder, luego de promover formalmente la participación política. MOVADEF era el instrumento a través del cual Sendero Luminoso quería utilizar el sistema para destruir el sistema mismo. MOVADEF ha intentado reiteradamente, desde el 2011, inscribirse como partido político, pero, por fortuna, no lo lograron, pues es incompatible con la democracia.

En el caso de A.N.T.A.U.R.O, hablamos de un fallo de La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, también histórico y todo un precedente para la región y se dió a partir de la demanda del saliente Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. La sentencia establece la ilegalidad de ANATURO y ordena la cancelación de la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROB) del JNE, además del cierre de locales partidarios a nivel nacional y la imposibilidad de reinscribirse. No es arbitraria ni ilegal ni ilegítima, desde el punto de vista técnico jurídico, como dicen sus opositores. Hay sustento porque hay fundamento documental, hay legalidad y legitimidad porque ha actuado el Fiscal de la Nación. Los fundamentos parten de la Ley de Organizaciones Políticas, por las conductas y dichos antidemocráticos, por parte de Antauro Humala, comprobados objetivamente, lo cual constituye una vulneración a la democracia. No hablamos solo de opiniones. El fallo no va contra la propia constitución, pues no es una sanción a las ideas puesto que ningún derecho es absoluto, la libertad de expresión no es absoluta. La vida democrática y su ejercicio tienen que ceñirse a principios básicos elementales que respeten el derecho a la paz, a la tranquilidad, a la vida, al desarrollo social. Hay que diferenciar cuando un candidato hace propuestas demagógicas o populistas de cuando se manifiesta, como en el caso de Antauro Humala, una verdadera intención de vulnerar la democracia, tentar contra la vida o la reivindicación de la violencia pasada, como el caso del “Andahuaylazo”.  Esto debe servir de lección a muchos radicales de la derecha extrema que sueñan con un dictador de derecha, que fusile, meta bala, y todas esas fantasías que Humala proclama, pero, como es de izquierda y habla también de expropiaciones, no lo ensalzan, más bien le temen, como le deberían temer a cualquier facho. A lo que voy es que, tarde o temprano, los absolutismos nos puede alcanzar y, cuando lo hacen, suele ser demasiado tarde. Esta vez, el Poder Judicial ha zanjado los límites.