Economista de la Universidad del Pacífico. Consultor en economía laboral y profesor invitado en la PUCP. Ha sido viceministro de...
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al 2025 existen 26,6 millones de personas en edad de trabajar en el país, es decir, con 14 años o más, quienes constituyen la fuerza laboral potencial peruana, considerando la edad mínima para trabajar establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De dicho total, 18,5 millones de personas forman parte de la población económicamente activa (PEA) u oferta laboral, lo que implica que están trabajando o buscando insertarse en un puesto de trabajo, mientras que 8,1 millones se encuentran en condición de inactividad laboral: no trabajan ni buscan activamente un empleo. Este grupo incluye a personas dedicadas exclusivamente a sus estudios, quienes viven de alguna renta, amas de casa, jubilados, incapacitados para el trabajo y desalentados que dejaron de buscar empleo, entre otros.
Del total de la PEA u oferta laboral, 17,6 millones de personas están trabajando en algún tipo de ocupación (formal o informal, dependiente o independiente, en el sector privado o público), y 900 mil se encuentran desempleadas, es decir, tratando de ingresar a un puesto laboral.
Los 17,6 millones de trabajadores en nuestro país forman parte de distintas categorías ocupacionales (9,8 millones con un empleo adecuado en términos de cobertura de al menos el 50% de la canasta básica de consumo familiar y 7,8 millones subempleados), como veremos a continuación.
Los asalariados privados constituyen el 38% de la PEA ocupada. Este grupo está compuesto por quienes laboran para una empresa o entidad privada en relación de dependencia o subordinación, pudiendo tratarse de una micro, pequeña, mediana o gran empresa.
Les igualan en importancia los trabajadores independientes, que también absorben al 38% de la PEA ocupada e incluyen a las personas que laboran por cuenta propia, sin utilizar mano de obra asalariada. Esta categoría está integrada por individuos que realizan actividades profesionales y no profesionales, y estos últimos son la gran mayoría (más del 90%).
Luego tenemos a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR), que son el 9% de la PEA ocupada y están constituidos por aquellas personas que forman parte de alguna actividad económica donde el conductor del negocio tiene un vínculo de consanguinidad o afinidad —en el caso del cónyuge— con ellos.
Los asalariados públicos también representan el 9% de la PEA ocupada y están conformados por quienes laboran para alguna entidad estatal (del gobierno nacional, regional o local, Poder Legislativo o Judicial, organismo autónomo, etc.) o empresa pública.
Les siguen en importancia los empleadores o dueños de empresas privadas que contratan mano de obra asalariada (desde una microempresa hasta una gran empresa), quienes representan el 4% de la PEA ocupada nacional.
Finalmente, están los trabajadores del hogar, que laboran realizando actividades domésticas en hogares ajenos al propio y constituyen el 2% de nuestra PEA ocupada.
Tomando como referencia la EPEN del INEI, la tasa de informalidad es de 70%, la cual se explica en dos terceras partes por la informalidad tributaria de los trabajadores autónomos (90%) y en un tercio por la informalidad laboral de los asalariados (50%).
Sin embargo, según las estimaciones realizadas en mi columna del 12 de abril del 2026, sobre la base de la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el registro del Seguro Social de Salud (EsSalud), además de la EPEN, la real tasa de informalidad se ubicaría en 60%.

PEA ocupada según categoría ocupacional
Del total de asalariados privados (considerando formales e informales), el 52% se desempeña en microempresas, el 23% en pequeñas empresas y el 25% en empresas medianas y grandes.
No obstante, si tomamos en cuenta únicamente a los asalariados privados que laboran en condición de formalidad, según la Planilla Electrónica del MTPE, el 21% forma parte de microempresas, el 23% de pequeñas empresas y el 56% de empresas medianas y grandes.
De acuerdo con la Planilla Electrónica del MTPE, del total de asalariados privados formales, solo el 30% tiene un contrato a plazo indeterminado, es decir, estabilidad en su puesto de trabajo, mientras que el 70% posee un contrato a plazo fijo o temporal, a pesar de que la gran mayoría realiza actividades permanentes, lo cual genera diversos perjuicios para los trabajadores, como hemos analizado en detalle en columnas anteriores (por ejemplo, restringe la sindicalización y la negociación colectiva).
Cabe señalar que dichas cifras son congruentes con la información recogida a través de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI.
Según la Planilla Electrónica del MTPE, solo el 9% de asalariados formales está afiliado a alguna organización sindical (520 mil): 5% en el sector privado y 20% en el segmento estatal, situación que ha limitado significativamente el crecimiento de las remuneraciones reales (poder adquisitivo de los trabajadores), al restar fuerza de negociación a los asalariados.
El ingreso laboral mensual promedio de la PEA ocupada es de S/1.887 (apenas por encima de la canasta básica de consumo familiar), según la EPEN del INEI, considerando la actividad principal y secundaria, de ser el caso (S/2.057 en el ámbito urbano y S/956 en el rural).
Si nos centramos en el sector asalariado privado formal, de acuerdo con la Planilla Electrónica del MTPE, la remuneración mensual promedio asciende a cerca de S/2.900, aunque varía según tamaño de empresa: S/1.700 en las microempresas, S/2.800 en las pequeñas empresas y S/3.300 en las empresas medianas y grandes.
Como se ha podido comprobar en la presente columna, tenemos un mercado laboral bastante heterogéneo, que genera una cantidad insuficiente de empleo asalariado, por lo general de mayor calidad, ya que permite acceder a mayores ingresos y mejores condiciones laborales.
En tal sentido, urge implementar una política de diversificación productiva e industrialización, que incluya un conjunto de incentivos económicos —que no impliquen el recorte de derechos laborales ni tampoco promuevan la subdivisión empresarial— para contribuir al desarrollo de sectores con potencial de generación masiva de empleo asalariado formal, como la agroindustria, los textiles y confecciones, la metalmecánica, el turismo y sus ramas vinculadas (alojamiento, restaurantes, servicios recreativos y transporte), así como la industria minera.
A ello se deben sumar políticas que fomenten el crecimiento de la productividad, fortalezcan la fiscalización y reformen integralmente la regulación laboral, con el fin de promover el empleo formal, estable, productivo y con ingresos adecuados.
¡Feliz día a todas las madres trabajadoras!

Economista de la Universidad del Pacífico. Consultor en economía laboral y profesor invitado en la PUCP. Ha sido viceministro de promoción del empleo, asesor de la alta dirección del Ministerio de Trabajo y del Consejo Nacional de Trabajo, especialista en SERVIR, así como consultor en el Ministerio de Economía y Finanzas, la Organización Internacional del Trabajo, la Fundación Friedrich Ebert, entre otros.