El costo de ceder: Gasto público fuera de control, por Sofía Aron Said

En los últimos años, el manejo de la política fiscal en el Perú, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha comenzado a ser motivo de seria preocupación. Lo que antes era una fortaleza de nuestra economía —la gestión responsable de las finanzas públicas— está ahora en evidente deterioro, y esto debería alarmarnos a todos.

La semana pasada, el Consejo Fiscal, el organismo independiente encargado de velar por la transparencia y sostenibilidad de las finanzas públicas, emitió una advertencia importante: las finanzas del país están en riesgo. Días antes, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, ya había dado la voz de alerta ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, recomendando “ajustar los gastos o aumentar los ingresos” para frenar el creciente déficit fiscal. Y con razón.

¿Por qué tanta alarma? Este año, el déficit fiscal —la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda— ha alcanzado un preocupante 4% del Producto Bruto Interno (PBI), uno de los niveles más altos desde 1995. Además, en 2023, rompimos nuestra propia regla fiscal por primera vez en 22 años. Se suponía que el déficit debía mantenerse por debajo del 2.4%, pero llegamos a un 2.8%.

Lo más preocupante es que todo indica que en 2024, por segundo año consecutivo, volveremos a incumplir nuestra regla fiscal. Con un déficit del 4% a septiembre, es altamente improbable que alcancemos la meta del 2.8% para fin de año. Esto, a pesar de que la regla fiscal fue flexibilizada para 2024, elevando el límite del 2.0% al 2.8% del PBI para dar mayor margen al manejo fiscal. Sin embargo, ni siquiera con estas condiciones más relajadas hemos logrado mantener las cuentas en orden. Esta situación no solo cuestiona la capacidad del gobierno para gestionar las finanzas públicas, sino que también erosiona la confianza en nuestra estabilidad económica a largo plazo.

¿Qué debe hacer el MEF para reducir el déficit fiscal? Hay dos caminos: recortar gastos o aumentar los ingresos. Centrémonos en lo primero, ya que la capacidad del MEF para controlar el gasto ha mostrado una clara debilidad en los últimos tiempos.

Una de las funciones clave del MEF es saber decir “no” cuando la situación lo requiere. Debe ser una institución firme, capaz de tomar decisiones difíciles y negarse, si es necesario, incluso a las peticiones de la presidenta o de otros ministros. Sin embargo, parece que ha perdido esa capacidad. Un ejemplo claro es el proceso del presupuesto público para 2025. Según el último informe del Consejo Fiscal, luego de que el MEF no lograra que su propuesta inicial fuera aprobada en el Consejo de Ministros, el presupuesto se incrementó en más de S/ 7 mil millones para lograr su aprobación.

Es comprensible y necesario que en el Consejo de Ministros se debata la distribución de recursos entre los distintos sectores. Sin embargo, la decisión final sobre el monto total del presupuesto debe estar en manos del MEF. Que el MEF haya cedido y aumentado el presupuesto para lograr su aprobación en el Consejo de Ministros resulta problemático y refleja una pérdida de control ante las presiones internas dentro del gobierno.

El MEF no solo está mostrando debilidad dentro del Gobierno, sino que también está cediendo ante el Congreso. Este último ha estado tomando decisiones que impactan gravemente nuestras finanzas, aprobando leyes que reducen la recaudación de impuestos o incrementan el gasto público, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Según el Consejo Fiscal, entre 2021 y 2024, el Congreso aprobó leyes que suman S/ 56 mil millones en gastos adicionales, equivalentes a aproximadamente el 5.2% del PBI.

El MEF necesita reforzar su influencia y capacidad de control sobre estas decisiones. Debe fortalecer los mecanismos de supervisión para asegurar que el Congreso no promueva leyes que perjudiquen la sostenibilidad fiscal, y utilizar informes técnicos contundentes para transparentar los impactos fiscales, de manera que la opinión pública y los medios de comunicación sean conscientes de los riesgos. Además, el MEF debe mejorar su estrategia de negociación con el Congreso, desarrollando una posición técnica sólida y buscando puntos de acuerdo que permitan limitar las iniciativas que presionan las finanzas, sin comprometer los objetivos políticos.

En conclusión, es urgente que el MEF recupere el control de las finanzas públicas y que se tomen decisiones responsables para garantizar la sostenibilidad fiscal. La flexibilización de las reglas fiscales no puede considerarse una solución a largo plazo. Se necesita un compromiso firme con la austeridad y, sobre todo, una mejor gestión del gasto público.

Si bien en algunos casos es necesario aumentar el presupuesto, muchas veces se usa la falta de recursos como excusa para no enfrentar el verdadero problema: la capacidad de ejecución. Incrementar el gasto no siempre se traduce en una gestión más eficiente, y aquí es donde el MEF debe ser firme. La prioridad debe estar en mejorar la eficiencia antes de ceder a presiones que demandan más financiamiento sin una justificación clara.