Contra la violencia institucional en el Perú, por Las Tejedoras

(*) Por Elena Burga Cabrera, exviceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura

Han pasado casi dos meses desde que se denunciaron una serie de violaciones sexuales a niñas, niños y adolescentes awajún y wampis y, ante la inacción y revictimización del Estado, no pasó nada.

Se trata de una situación extendida en todo el territorio nacional, y que se da tanto en contextos urbanos como rurales y en población indígena y no indígena. De acuerdo con el reporte del Centro de Emergencia Mujer, entre 2017 y 2022, se reportaron un total de 74,413 casos de violencia sexual contra esta población etárea, en alguna de sus formas. Hemos normalizado la violencia, hablamos de un promedio de 34 casos diarios en los últimos cinco años.

Esto evidencia que la sociedad peruana -las familias, las escuelas, las comunidades- han aceptado la violencia como algo que no se puede combatir. A esto se suma que los mecanismos de prevención, atención y reparación no funcionan y en muchos casos no existen.
Como han señalado las lideresas que hicieron la denuncia de Condorcanqui, “ni la justicia comunitaria indígena ni la justicia ordinaria han cumplido su rol y menos han logrado detener las violaciones y garantizar justicia para las víctimas”.

Aquí es fundamental el rol de las comunidades y, sobre todo, de las mujeres, madres, abuelas y de las líderesas de organizaciones indígenas de la zona en esta tarea.

Es urgente el trabajo con los Apu y las familias para revisar y cambiar sus reglamentos internos o estatutos que incluyan acciones de prevención, protección, y sanción que eviten los “arreglos entre las familias de las víctimas y los violadores”.

Asimismo, es importante recuperar el rol de cuidadoras de las mujeres adultas de la comunidad y promover que las lideresas que denuncian este tipo de violencia sean las articuladoras en las acciones del Estado.

Es imperativo dar trámite al PL 6113/2023-PE que propone declarar imprescriptible los casos de violencia y hostigamiento sexual contra escolares, además de ampliar la inhabilitación permanente de los docentes involucrados en este tipo de delitos. Hasta el momento continúa en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte sin presentar ningún avance.