Fortalecer los movimientos regionales, no eliminarlos, por Cynthia Cienfuegos
"Ahí donde se siente un abandono de los partidos políticos, los movimientos regionales han forjado vínculos con la ciudadanía".
Sin un mayor debate ni reflexión, el pasado 29 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría y en primera votación, la eliminación de los movimientos regionales. Esta medida, que ni siquiera tuvo un espacio previo en el debate público, constituye un retroceso para el sistema político y electoral, en medio de un contexto de crisis institucional y de insatisfacción con la democracia.
De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, de las 12.956 autoridades regionales y locales electas, 7.129 han sido elegidas por movimientos regionales. Esto demuestra que mantienen no solo presencia y legitimidad en sus territorios, sino también una gran cantidad de votos. Si bien estas organizaciones tienen sus propios desafíos y atraviesan problemas de corrupción, falta de institucionalidad, liderazgos y debilitamiento interno, los movimientos regionales han jugado un rol fundamental en la historia política de los territorios, construyendo dinámicas que ayudan a entender las tensiones y particularidades de poblaciones diversas en sus respectivas regiones, provincias y distritos. Ahí donde la gente ha perdido la confianza en los partidos políticos nacionales y siente un abandono constante por parte del Estado, los movimientos regionales han logrado forjar vínculos y tener un mayor conocimiento de las realidades locales. Se necesitaba fortalecerlos, no eliminarlos.
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Un gran sector de la población percibe el ejercicio político como centralista-limeño. Al mismo tiempo, persisten la desconfianza y una fragmentación social histórica. En ese sentido, no hay nada más antidemocrático que vulnerar el derecho de la ciudadanía a organizarse y participar libremente de la vida política desde sus propios territorios y espacios.
No solo se ha eliminado a los movimientos regionales, sino también se ha atentado contra el pluralismo político. Es un intento por monopolizar la oferta electoral en un proceso que debe ser justo, abierto e inclusivo.