Bajarse la moratoria de transgénicos amenaza nuestra agrodiversidad, por Angie Higuchi

¿Estamos los peruanos informados de lo que sucede detrás de lo que comemos a partir de la agricultura familiar? La respuesta es no. Dentro del derecho del ciudadano está el saber qué es lo que come y qué hay detrás de lo que se lleva a la mesa. Recientemente, el actual ministro del Midagri, Ángel Manero, confía en que una nueva ley agraria y el uso de transgénicos en Perú permitirán aliviar al agro (La República, 2024). Esta declaración preocupa sobremanera. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) cuestionó que el Poder Ejecutivo presentase ante el Congreso un pedido de facultades que mejorarían nuestra tan alicaída economía, donde existe un capítulo para los transgénicos u organismos vivos modificados (OVM). Lo que se pretende es legislar la modificación del art. 3° de la Ley n° 29811 —ley que establece la moratoria al ingreso y producción de OVM en territorio nacional por un período de 10 años—. Sin embargo, lo que no se sabe es que dicha ley fue derogada en el 2020. La ley actual que rige y está vigente es la n° 31111, que establece una ampliación de la moratoria por 15 años, hasta el 31 de diciembre del 2035. Según Aspec, sin equivocación alguna, tan grosero error demuestra que hay desesperación por deshacerse de la ley, una desconexión entre el Ministerio de Agricultura y Riego con el Ministerio del Ambiente, y finalmente denota una pésima asesoría jurídica en temas trascendentales para el país.

En principio, es importante precisar la diferencia entre mejoramiento y manipulación genéticos. El mejoramiento genético se ha dado en la agricultura desde tiempos ancestrales. Esta no es más que la técnica de selección, por ejemplo, de semillas más grandes sobre las pequeñas. Con ellas se espera, tras la siembra, un cultivo con mucho más volumen. Muy diferente es la manipulación genética. Los transgénicos se basan en la alteración del ADN de cualquier producto vegetal o animal. La premisa de quienes avalan esta técnica es que se puede tener mayor rendimiento en una misma parcela a un menor costo. Por ejemplo, si de un tallo de maíz naturalmente se produce un solo choclo, con una semilla transgénica, puedes tener entre 3 y 5 corontas en su lugar. Esta tecnología se da en países desarrollados como, por ejemplo, Estados Unidos. Los transgénicos se producen en países con territorios planos y de monocultivo o de misma especie como la soya en Argentina o Paraguay. Estos países regulan su uso mediante legislaciones que promueven barreras entre una parcela y otra para minimizar el riesgo de contagio. De la investigación de Ardisana, et. al. (2019) podemos extraer la tabla 1, que claramente señala que el Perú y Ecuador no tienen área sembrada (millones de hectáreas) con cultivos transgénicos en Sudamérica.

El Perú —como el Ecuador también— es parte de la zona intertropical del mundo, territorios con diferentes pisos altitudinales que producen el 80% de los productos agrícolas especiales para todo el mundo, entre ellos, cacao y café. La amenaza de la entrada de transgénicos sobre los países megabiodiversos como el nuestro parte de una inseguridad biológica y agronómica: las plantas tienen mecanismos abiertos de polinización. Al liberarse a campo abierto la semilla transgénica, que posteriormente se convierte en cultivo, el flujo genético a partir del polen se transmite de forma libre por medio de insectos, aves o el viento. Esto puede contagiar un cultivo vecino (de hecho, se ha encontrado maíz transgénico en campos de Piura, derivado del contrabando y contagio de maíz Colombiano). El riesgo está en que las plantas pueden presentar características diferentes, ya que las secuencias genéticas trasladadas de una especie a otra no necesariamente van a permanecer estables. Asimismo, la resistencia por herbicidas también puede transmitirse a otros cultivos vecinos. Esto supone un serio peligro para toda la agricultura peruana. Países centros de origen de arroz como Filipinas, o de maíz en México, como fuente de origen de cultivos nuestra papa; son centros de patrimonio genético y tienen prohibido el ingreso de los transgénicos.

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Existen casos documentados de los efectos de introducción de transgénicos (OVM) en países como India, Paraguay, Brasil y Argentina. Toda propuesta respecto a seres vivos como las semillas y su material genético que pone en riesgo la soberanía alimentaria debe tener base científica. No una base comercial. Por tal motivo, la moción llega a ser cuestionable si la misma empresa que produce y promueve las semillas transgénicas aconseja al oído a los tomadores de decisiones gubernamentales en materia internacional y nacional sobre la efectividad de los OVM. Antes de tomar una decisión de tamaña trascendencia para la soberanía popular alimentaria, se deben evaluar tres aspectos: materia agrícola, salud de las personas y efectos en el medio ambiente. Basta que exista riesgo en tan solo una de las tres premisas mencionadas para que suponga una amenaza. Si entonces no existe un estudio sólido que respalde la no existencia de riesgo alguno en estos tres aspectos mencionados en conjunto, lo más razonable es aplicar el principio precautorio.

El mercado de semillas promueve la capacidad de los pueblos de generar su propio alimento. Esta no puede vulnerarse. La legislación de bioseguridad del país debe proteger a las semillas propias del país como reservas culturales y oriundas del Perú. Asimismo, la promoción de consorcios de investigación entre países de cultivos de origen es más que necesario. El Ejecutivo debe tener como aliado a investigadores que puedan mostrarles los riesgos que, a partir de una decisión mal tomada, puede causar no solo en la economía, sino también en lo social, como en la salud, agricultura y medio ambiente. Debemos ser precavidos y respetar la moratoria hasta el año 2035. Bajarse la moratoria no puede tomarse a la ligera. Perder la biodiversidad genética y cultural a partir de la contaminación de los transgénicos, no solo a cultivos de la misma especie sino a otros, es un riesgo para el Perú y para la humanidad. Finalmente, aunque en nuestro país no exista una legislación sobre el etiquetado de alimentos transgénicos, la última palabra la tiene usted, señor consumidor.