Con celeridad, el Ejecutivo no observó y, por el contrario, dispuso la promulgación de una norma emanada del Legislativo que desaparece, de la Ley de Organizaciones Políticas, la figura de las elecciones primarias obligatorias, conocidas como PASO.
Los organismos electorales y los especialistas habían mostrado su desacuerdo con la propuesta del Congreso porque se trataba de un evidente avance obtenido en la ansiada reforma política, que ha ido desmontando la actual representación parlamentaria.
El Ejecutivo tenía como plazo hasta mañana para definir posición sobre las elecciones primarias. Un día antes, apareció promulgada la ley que las elimina de la ley electoral.
El modelo al que volvemos es al de siempre. Elección de delegados, en procesos internos del partido, que permitirán el manejo directo de la cúpula y la decisión unilateral del jefe o dueño del partido. La pobre representación parlamentaria actual es el resultado del modelo que consistentemente ha fracasado, pero que resulta funcional. Los vaticinios sobre los resultados de la eliminación de las PASO son malos. El atisbo de lograr una mayor democratización de las organizaciones y la posibilidad de elevar la calidad de la representación parecen perdidos. El filtro que representaban las elecciones primarias obligatorias no solo se pierde, sino que, como ya se ha mostrado en estos últimos años, los candidatos a congresistas no solo serán los que más dinero tienen para canjearse un buen lugar en la lista, sino quienes representarán intereses particulares: universidades o negocios de la salud y la educación y otros compromisos, por ejemplo, con actividades ilícitas. Ya no solo hay una escasa supervisión del dinero estatal que ingresa al partido político, ahora, además, la participación ciudadana que podría haber actuado como filtro ya no existe. La responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso para lograr este retroceso es innegable. Uno de ellos brega por sobrevivir y el otro, por establecer reglas de juego electorales a su favor.