El descrédito del Congreso

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, de las filas de APP de César Acuña, está siendo cuestionado debido a que, sin tomar en cuenta que la propuesta congresal denominada ley forestal tenía dos reconsideraciones presentadas por las legisladoras Ruth Luque y Susel Paredes, ha firmado la autógrafa de insistencia de modificaciones.

Se trata de una ley que propiciaría la deforestación en la Amazonía y afectaría el hábitat protegido. Incluso la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ha advertido que la modificación del Congreso promueve la degradación de los bosques y legaliza la deforestación.

Esta ley tiene historia. El texto fue aprobado por insistencia en el Congreso el 14 de diciembre. Cinco días después, se presentaron las dos reconsideraciones. Ambas constaban en la web del Parlamento y así aparecían en su último estado. Sin embargo, el apepista Soto ayer la firmó sorpresivamente, lo que ha generado un profundo malestar entre los especialistas y las propias congresistas que plantearon las reconsideraciones.

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Esta propuesta ya había sido observada por el Ejecutivo, por iniciativa del Ministerio de Ambiente, que había hecho saber su parecer en defensa de la Amazonía desprotegida. En esta ocasión, al parecer, no habría atingencias del Ejecutivo.

En el Congreso se ha insistido hasta en dos votaciones con este proyecto. En una primera oportunidad, en julio del 2022, obtuvo 105 votos provenientes de casi todas las bancadas.

En la segunda ocasión, en diciembre del 2023, fue ratificada por insistencia con 66 votos, principalmente de Fuerza Popular y APP. El coordinador de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, fue el único de su grupo que apoyó la dación de la mencionada norma.

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Esta ley forestal es iniciativa de varios congresistas: Lady Camones, Elizabeth Medina y Pedro Martínez, de APP, PL/BM y AP, respectivamente.

Las voces de alerta sobre el carácter depredatorio de los recursos naturales del país han circulado sostenidamente. Se señala que existe un poderoso lobby detrás de la propuesta, impulsado por los traficantes de oro, madera y otros recursos amazónicos. Se estima también que alentará los crímenes contra vigilantes del bosque, quienes están siendo asesinados sin piedad en estas áreas desprotegidas.