
El comentario generalizado de los presentadores de televisión después del anuncio de Luis Caputo, actual ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei en Argentina, fue que faltaba “la letra chica”; es decir, que no había una mayor explicación sobre lo que iba a representar, en el breve plazo, el impacto de las medidas anunciadas a quienes iban a ser los más afectados. Hablaron incluso de un mensaje que se quedó en la macroeconomía y no bajó a la microeconomía.
Los argentinos amanecieron con reajustes en el precio de la carne, los combustibles y los pasajes, proyectados sobre la base de la devaluación del 50%. Caputo anunció un dólar de 800 pesos y la reducción de subsidios, además de un paquete de medidas que van directamente a impactar en el aparato estatal.
No se trata de una economía que pueda esperar. Es evidente que la hiperinflación de 150% no puede mantenerse porque se va devorando todas las predictibilidades y cierra las perspectivas de futuro para muchos. Pero se trata de reglas de juego en materia laboral, por ejemplo, y también de expectativas de la clase media, que potencialmente fue la que definió las elecciones junto con los más jóvenes. La decisión de no transferir a Gobiernos subnacionales, no renovar los contratos cortos y suspender todas las obras públicas ya pactadas para romper lazos con la corrupción tiene una base razonable, aunque según los analistas la inversión pública es la fuente básica del desarrollo.
Las medidas adoptadas parecen dirigidas a largo plazo, por lo que se reclama desde diferentes vocerías políticas de oposición y sindicales que se haga un relato organizado del día a día de ese corto plazo que va a evitar las protestas callejeras, la multiplicación del hambre y el reclamo de las provincias.
La promesa de Milei fue eliminar “la casta”, porque era responsable de la crisis económica y política. Las medidas hasta ahora dictadas no les han tocado ni la puerta. Su orientación parece tener como blanco a la clase media, la cual ha sido golpeada una y otra vez por diferentes Gobiernos. Los subsidios, tan criticados, no tendrían razón de ser si se promueve la creación de nuevas fuentes de trabajo para los trabajadores afectados por la crisis.





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