La extrema derecha se ha afianzado en el poder sin respaldo electoral tras la destitución de Pedro Castillo. Con altos niveles de desaprobación (91% para el Congreso y 85% para el Gobierno de Dina Boluarte), forman una cúpula mafiosa que se niega a convocar elecciones generales desoyendo el clamor ciudadano.
Compuesta por políticos corruptos y la burocracia dorada, apoyados por grupos económicos poderosos y una argolla de convenidos, esta cúpula modifica leyes y la Constitución para moldear el sistema electoral a su favor hasta 2026. En estas condiciones la convocatoria a elecciones se transforma en un reclamo popular para expulsar a la cúpula del poder. Es una lucha nacional que crece y es incontenible.
Conscientes de las consecuencias legales tras una posible derrota, desde el Congreso impulsan reformas para asegurar su permanencia. Propuestas arbitrarias, como impedir la inscripción de partidos con ideologías “destructivas”, evidencian su afán por controlar el escenario político. Quieren apoderarse del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, junto con medidas absurdas como exigir medio millón de firmas a nuevos partidos para su inscripción. Participar en elecciones en estas circunstancias valida un fraude anunciado.
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La rebelión contra este abuso está en las calles y se alimenta con la crisis del hambre que afecta al 57% de la población. La situación desesperada nada tiene que ver con la decisión inaudita del Tribunal Constitucional para liberar al expresidente Alberto Fujimori, que es interés de la cúpula, ajeno al drama de millones que sufren la crisis.
El Gobierno ignora la recesión económica y la amenaza del fenómeno El Niño. La cúpula, al centrar la agenda del debate político en temas propios de sus intereses, como es el caso de la disputa en la Fiscalía de la Nación, aumenta la indignación y propicia la rebelión.
La entrega de millonarios bonos a congresistas contrasta con la disminución de remuneraciones en sectores públicos, profundizando la vergonzosa brecha y el repudio creciente. El 65% de la población tiene la sensación de que el Perú está retrocediendo.
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La cúpula, con sus acompañantes de extrema izquierda, fomenta la política del odio evidenciada en ataques contra migrantes venezolanos, culpando a estos de ser los exclusivos responsables del aumento de la delincuencia. Este enfoque mentiroso no promueve la esperanza en un futuro mejor y se parece a las estrategias del extremismo que causó destrucción y muerte.
Reprimir con la misma política del odio a quienes hoy se rebelan, protestan y exigen justicia, como ya ocurrió en enero y dejó decenas de víctimas, solo intensificará la violencia. Lo que quiere la mayoría de los peruanos es que se vaya la cúpula mafiosa y se convoque a elecciones limpias para elegir un nuevo gobierno.