Debates sin sentido, por Lucia Solis

Aunque ya nada sorprende, es preocupante que en un país con cientos de niñas y adolescentes que resultan embarazadas a causa de violaciones sexuales, legisladores y legisladoras como Milagros Aguayo de Renovación Popular continúen tratando de obstaculizar (aún más) el acceso al aborto terapéutico y, sobre todo, que el Congreso respalde este atentado contra los derechos humanos de millones de mujeres y personas con capacidad de gestar.

Y es que más allá de creencias personales, quienes encarnan al pueblo tienen que recordar que representan a una sociedad diversa en donde las facultades individuales deben ser tomadas en cuenta y respetadas. Anteponer posiciones religiosas que derivan en debates peligrosos e inútiles impacta negativamente no solo en un derecho ya ganado como el aborto terapéutico, sino en cualquier intento de despenalizarlo en casos de violación sexual y otros supuestos.

Atribuir la condición de ‘‘humano’’ al mero contacto entre óvulo y espermatozoide no solo es caer en una falta alarmante de rigurosidad científica, sino que nos deriva hacia la eterna polémica sobre cuándo empieza la vida, el derecho a la vida ‘‘intrauterina’’ y/o quién está por encima de quién; argumentos que solo buscan, en contra del sentido común y acuerdos de carácter constitucional, reducir a las mujeres y personas con capacidad de gestar a ser solo recipientes en la gestación, cosificándoles y deshumanizándoles

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Diversas cortes internacionales ya sentenciaron decenas de casos que brindan claras luces respecto a este tipo de debates (mal) intencionados. “Lo que sí sabemos es que un feto no tiene vida aparte y solo puede existir en el vientre materno. Es por ello que, aunque reconociéramos el interés del feto, no podemos decir que éste prime sobre el interés de la madre”, dijo la Corte Suprema del Nepal en Lakshmi Dhikta vs. Nepal. “El valor constitucional de la vida en gestación se puede (…) proteger solo si no interfiere con la esencia de las libertades de la mujer y su derecho a la intimidad”, dictaminó la Corte Constitucional de la República Eslovaca en el dictamen sobre la constitucionalidad de la ley sobre interrupción artificial del embarazo.

En resumen, el interés de proteger una supuesta vida humana en formación no puede estar por encima de los derechos de una mujer/persona con capacidad de gestar. Incluso si se reconoce, como quiere el Congreso, que el ‘‘concebido’’ tiene derechos, estos no podrían ser absolutos, especialmente si existe un riesgo para la integridad física y mental de una niña víctima de violación, una adolescente o mujer adulta con proyectos de vida.

Tal como propone el Centro de Derechos Reproductivos, existen otras maneras de proteger (si es que esa es realmente la intención de algunas y algunos congresistas) el proceso de gestación y el bienestar prenatal, como garantizar la educación sexual integral y el acceso a métodos de planificación familiar y anticonceptivos, así como a una eficiente atención obstétrica. Además, la prevención de la violencia de género que genera embarazos de alto riesgo y otras acciones realmente asegurarían la integridad de todas las mujeres, tanto de aquellas que eligen la maternidad como de las que no.