Extraer un barril de petróleo, peruano, piurano, talareño, cuesta poco más, poco menos de 40 dólares, luego es vendido a Petroperú, en el mismo Talara, a precio internacional como si se hubiera comprado en el golfo Pérsico, aproximadamente en 90 dólares. En lenguaje coloquial, ese es el meollo del asunto del porqué la Confiep y sus adláteres, opinólogos, operadores políticos y comunicadores súbditos han salido furibundos, desesperados, frenéticos por la devolución de los lotes I, VI y Z-2B a Petroperú. Es cuestión de dinero, contante, sonante y seguro.
En julio de 1992 cuando A. Fujimori inicia el proceso de privatización fragmentada de Petroperú, entregando los lotes petroleros a privados, el argumento fue la necesidad de pasar de 130 mil barriles por día (bpd) a 500 mil bpd, buscando de esa manera la seguridad energética del país. Más de 30 años después no llegamos ni siquiera a los 40 mil barriles por día, o sea, entre sumas y restas, en blanco y negro, podríamos afirmar que la privatización de los lotes petroleros fue un rotundo fracaso. Y no solo eso, las empresas operadoras de los lotes han incumplido groseramente los contratos en políticas de responsabilidad social, millonarias deudas por remediación ambiental y los activos —entregados en los 90— los devolverán en estado ruinoso y obsoleto.
El Perú es un país pobre que intenta progresar entre los sinuosos caminos de la modernidad, la inestabilidad económica y la eterna crisis política, entonces, ¿no necesitamos combustibles limpios y de primer nivel que aseguren nuestra independencia energética? Por supuesto que sí, no depender del precio internacional del crudo y remediar el haber entregado un negocio rentable y en completo funcionamiento a operadores privados —pero estatales en sus países de origen—, algunos con experiencia y otros totalmente neófitos en la producción de petróleo crudo.
Hoy, el Perú cuenta con una de las cinco refinerías más modernas del mundo, tenemos lotes petroleros en la costa y selva, probables reservas de 200 mil bpd en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 que subyacen en el mar de La Libertad y Lambayeque. Es necesario que nuestros políticos, los que trabajan para el pueblo y no obedecen a intereses de trasnacionales, ni juegan en pared con los grupos de poder, demuestren de qué están hechos y no se dejen amedrentar por escatológicos titulares. No repitamos la triste historia de 1992.