Tener discapacidad en nuestras ciudades, por Andrea Burga

Por Andrea Burga. Comunicadora y activista con discapacidad visual.

Pese a representar el 10.3% de la población peruana, la comunidad de personas con discapacidad vive diariamente la vulneración de sus derechos. Basta con caminar unos minutos por las calles para notar las fallas de diseño que hacen del tránsito por la ciudad una situación de riesgo constante.

Por ejemplo, para los usuarios de sillas de ruedas es prácticamente imposible usar el transporte público. En el caso de las personas con discapacidad visual, resulta un desafío desplazarse de manera autónoma por las avenidas debido a la ausencia de semáforos sonoros y de señalización adecuada.

Por otro lado, existen barreras de acceso a los servicios administrativos y públicos. Si una persona sorda fuese víctima de la delincuencia, no podría denunciar debido a la ausencia de intérpretes de lengua de señas. De igual manera, la señalética e información brindada en los centros de salud, medios de transporte y otros servicios, no cumplen con un formato accesible para personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial.

Los retos para la inclusión de esta población también incluyen limitaciones para acceder a un trabajo. Según información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hay 2 millones 892 mil personas con discapacidad en condiciones de trabajar, de las cuales solo 1 millón 39 mil se encuentran laborando.

Esto pese a que se cuenta con una ley que exige a las empresas privadas con más de 50 trabajadores contratar a personas con discapacidad. Solo 88 de 7 mil empresas aplican esta norma.

Nuestro país ha suscrito la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que tiene como finalidad promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por este grupo. Pero aún tenemos importantes brechas originadas por la falta de políticas públicas y acciones inclusivas.

Existen muchas tareas pendientes de parte de los gobiernos locales y regionales. Primero, es necesario que los funcionarios reconozcan a sus vecinos con discapacidad. Según la Ley General de la Persona con Discapacidad, las Oficinas Municipales y Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad deben llevar un registro de la población con discapacidad que se encuentre en su jurisdicción para facilitar su atención y asistencia.

Actualmente, el pleno del Congreso debe aprobar la ley de presupuesto fiscal 2023 que incorpore el 1% del presupuesto de gobiernos locales y regionales para la inclusión de esta comunidad. Esperamos que se reconozca que ciudades accesibles e inclusivas benefician a todos sus ciudadanos, no solo a la población con discapacidad.