El bullying pospandemia

Hemos sido testigos de una serie de casos de agresión física o verbal en los centros educativos, ahora que se está produciendo el retorno a la presencialidad. Ya el bullying ha estado presente en los colegios peruanos desde antes. Pero ahora la agresión se ha desbordado, así como ha ocurrido en la propia sociedad en términos más macro.

Situaciones de bullying en planteles privados se multiplican, aunque aquí la reserva y el secretismo se adoptan en aras del llamado “prestigio institucional”. En el caso de los colegios estatales, la situación está más “mapeada” y cuando se presentan las agresiones hay una respuesta más organizada de la comunidad educativa.

Los dos años de encierro han agudizado todas las formas de estrés y los tipos de alteraciones de la conducta se han multiplicado. Es una realidad que se proyecta a la escuela y que demanda respuestas oficiales y urgentes.

El regreso a las aulas requiere de nuevas reglas que garanticen la vida, el bienestar, la salud mental de los estudiantes y maestros. Los especialistas como Angélica Pease hablan de prácticas participativas que han mostrado siempre sus ventajas frente a modelos verticales.

Hay preocupación de los maestros por la frecuencia de estas situaciones, las que deben abordarse desde la comunidad educativa, con un mayor involucramiento de los padres de familia, quienes tienen que asociarse a las acciones necesarias para enfrentar el fenómeno que no es nuevo, pero que se ha incrementado.

Después de dos años de abandono de los espacios que siempre fueron básicos para la socialización de niños y adolescentes, el Estado debe promover protocolos para el magisterio y también para otros actores del proceso educativo. Es un paso a paso más inclusivo para enfrentar la ola de agresiones que se están presentando en la escuela, y cuya exposición sin una propuesta de solución hace más daño que bien en un contexto como el actual.

El retiro de la educación sexual del currículo educativo, la censura en textos escolares y los retrocesos que se dan desde el Congreso y desde el propio Gobierno, al no oponerse a la contrarreforma, nos obligan como sociedad civil a proponer y no cejar en el empeño de obtener una educación de calidad para los niños y adolescentes y una cultura de paz y de convivencia ciudadana para todos.