La balada del asaltante de pizzerías

Sin más evidencia que enunciar su torpedo, el investigado por corrupción Zamir Villaverde acusó al presidente Pedro Castillo de organizar un fraude electoral con el fin obvio de salvarse vía la politización de su caso.

“Lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el JNE, mellando la democracia”, dijo Villaverde.

Una imputación tan grave debería sustentarse mejor, especialmente si la realiza un investigado por corrupción vía Zoom desde el penal de Ancón, donde cumple 24 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión en organización criminal en el Caso Puente Tarata; y que, como reveló un reportaje de Umberto Jara, en 2007 asaltó a balazos la pizzería Donatello en la Av. Pardo, Miraflores, por lo que estuvo condenado por diez años, aunque solo cumplió dos en Castro Castro; y que en 2013 fue otra vez condenado a 4 años de prisión por corrupción en contratación estatal.

La sospecha de la farsa crece cuando, apenas Villaverde habló del fraude, varios congresistas de la Comisión de Fiscalización partieron raudos al penal a reunirse con el acusador, y el congresista Jorge Montoya anunció una nueva moción de vacancia contra Castillo.

Toda denuncia, especialmente una tan grave como un fraude electoral, se debe investigar, pero ello necesita que se ofrezca evidencia de un hecho que el Ministerio Público ya investigó con la conclusión de que no había fundamento para creer que la elección del año 2021 fue fraudulenta, tal como también señalaron los organismos internacionales y locales de supervisión electoral.

Los únicos que se aferraron al fraude fueron los perdedores de la elección, al igual que en 2016, algunos de los cuales hoy parecen socios de un investigado por corrupción como Villaverde.

Sin esperar a 2026, Castillo debe ser investigado por corrupción, de lo cual hay evidencia sólida, como su amistad con el lobista Villaverde, quien está seriamente comprometido con el delito.

Pero eso debe hacerse sin repetir el antiguo vicio nacional de mezclar la lucha anticorrupción con el interés político particular. Asimismo, la presidencia de Castillo debe terminar pronto por el bien del país, pero no con instrumentos inconstitucionales que parecen patas de cabra, sustentados en el embuste.