Violencia y complicidades

El jueves pasado, la agrupación de ultraderecha autodenominada “La Resistencia” se manifestó frente a la sede de la Asociación ProDerechos Humanos (Aprodeh). Este y otros grupos como “Insurgencia” y “Patriotas” son conocidos por acosar en sus domicilios y centros de trabajo a políticos y funcionarios públicos con los que discrepan.

Unas veinte personas lanzaron gritos e insultos en contra de Aprodeh y la jefa de su área legal, Gloria Cano, reconocida internacionalmente por su labor. La acusaron de defender a “terroristas”. En realidad, estarían molestos por el papel que la Dra. Cano jugó en parar la liberación de Alberto Fujimori, y porque ella presentó una denuncia penal contra cuatro personas de “La Resistencia” por el delito de organización criminal, por haber organizado diversas acciones de “acoso, intimidación y agresión” contra individuales y organizaciones de sociedad civil.

El grupúsculo se dirigió luego a la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL). No es la primera vez que La Resistencia ataca a IDL. En esta ocasión, gritaron insultos y expresiones estigmatizantes contra el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti. Estarían enojados por las importantes investigaciones que ha publicado sobre la gran corrupción de políticos, empresarios y jueces, entre otros, que han contribuido a acusaciones fiscales en contra de más de un poderoso.

A raíz del último ataque, IDL Reporteros soltó un reportaje que venía trabajando sobre un incidente ocurrido la noche del 4 de febrero, en que dos sujetos aún no identificados irrumpieron ilegalmente en sus oficinas en San Isidro. Como explica Gorriti, por la forma del ataque, no se trata de un hurto común, sino de una operación de inteligencia. Dos personas llegaron en autos distintos, rompieron las dos puertas de seguridad, y solo cuando sonó la alarma de seguridad abandonaron el local. Las cámaras de vigilancia muestran cómo uno de los sujetos se quedó delante del local para vigilar desde su auto cuánto tiempo demoraba en llegar la empresa de seguridad. Se podría haber tratado de un intento de robo de información, de plantar información o de destrucción del local.

Estos ataques son particularmente graves porque se trata de atentados contra organizaciones de derechos humanos y del periodismo de investigación, ambas vitales en una sociedad democrática. No ha habido investigación seria sobre este y otros ataques similares realizados por estos grupos por parte de las autoridades correspondientes, generando una sensación de complicidad e impunidad.

Urge investigar quiénes están dirigiendo y financiando estas organizaciones. Mientras tanto, la violencia de algunos, y la complicidad de otros, van en pared para socavar la democracia y el Estado de derecho en el Perú.