Salvar Lava Jato

Uno de los procesos más significativos de la democracia peruana en los últimos años y que atestiguan su capacidad de preservar y defenderse, es la lucha contra la corrupción, especialmente la que se sitúa frente a los altos cargos del Estado.

Las denuncias e investigaciones contra gobernadores regionales, alcaldes, parlamentarios, ministros, presidentes de la República y altos magistrados del sistema de justicia son el asunto vital del que depende la viabilidad de nuestro sistema.

Los logros de este proceso son también apreciables; pusieron en evidencia y desarticularon redes criminales creadas o integradas por personajes que ocasionaron un daño irreparable a la confianza pública.

En ese empeño ha cumplido un papel destacado la Fiscalía, que en más de un episodio ha tenido que purgarse y ajustar cuentas internamente porque el delito se había apropiado también de porciones del Ministerio Público.

Este proceso necesita con urgencia ser rescatado luego de los sucesos recientes en que dos fiscales del Equipo Especial Lava Jato, entre ellos su coordinador, alimentaron expresamente el golpe de Estado del 9 de noviembre recurriendo a prácticas vedadas e ilegales que van más allá del suministro de supuestas primicias. Ese “más allá” afecta el proceso anticorrupción.

El punto no es el estrambótico pedido a la fiscal de la Nación para que realice una denuncia a este diario que los magistrados aludidos no tienen la entereza de realizar. No son las filtraciones –convertidas risiblemente en “carga probatoria”–, que domestican a sus destinatarios. No es el obsceno espectáculo de los acusados de corrupción y sus influyentes abogados aplaudiendo a sus fiscales y adoptándolos.

El punto es la necesidad de rescatar la lucha contra la corrupción; es la recuperación de la confianza, diligencia e idoneidad de su caso más emblemático, Lava Jato. Esta recuperación no será posible si los dos fiscales que jugaron en pared con los golpistas continúan en ese equipo.

Un giro que permita esta recuperación obliga a que la Fiscalía Suprema de Control Interno despierte de su largo sueño y actúe como sucede en cualquier caso que compromete la conducta de los magistrados. Centenares de fiscales en todo el país se preguntan por qué no son investigados dos fiscales que han dañado sus casos.