Un poquito honrado

A marchas forzadas, el Congreso aprobó el reglamento para el concurso público con el que elegirán a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC) en una votación que muestra la formación de una coalición parlamentaria dispuesta a llevar hasta el final un proceso cargado de irregularidades. El reglamento fue aprobado con 103 votos a favor de la mayoría de bancadas.

El Congreso ha hecho caso omiso al pedido de varios sectores de la opinión pública que proponen postergar la elección en vista de las maniobras que se realizan en este delicado asunto, en donde las bancadas de AP y UPP impulsan decisiones orientadas a rebajar la calidad del concurso. A pesar de que no hubo tiempo para el estudio del documento final, las bancadas comprometidas y la presidencia del Congreso forzaron la adopción de un acuerdo.

La mayoría ha convalidado una de las deficiencias más graves del reglamento, referida a la tabla de puntajes en la entrevista personal, desoyendo los fundamentados cuestionamientos realizados por varias instituciones. En el rubro de solvencia e idoneidad moral se dispone que un candidato puede ser apto aun si obtiene solo dos puntos de 12, en tanto que sobre la trayectoria profesional un postulante puede resultar apto a pesar de obtener un punto de cinco.

Es evidente que esta flexibilidad sobre la honradez y la trayectoria busca que los candidatos prohijados por una negociación de “toma y daca” queden igualmente en carrera a pesar de obtener bajas calificaciones de otros parlamentarios. Los que manejan los hilos de este cuestionado concurso saben quiénes se podrán beneficiar con esta valla de moralidad y mérito tan baja. A la mayoría parlamentaria no le preocupa que los nuevos miembros del TC sean solo “un poquito honrados” y sean “un poquito inexpertos”.

El Congreso ha terminado por desnaturalizar la selección al TC, una actitud similar a la que exhibió el aprofujimorismo en el Parlamento disuelto. El deseo de tener un Tribunal a la mano y permeable a intereses por ahora desconocidos privará a este organismo de la calidad que necesita, que dejará de ser la institución de magistrados intachables y de gran solvencia donde terminen largas trayectorias al servicio de la democracia y la Constitución.